El Congreso del estado de Nuevo León presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos recursos de reclamación con el objetivo de revocar la suspensión que impide la conclusión del juicio político contra el gobernador Samuel García.
La medida cautelar, emitida el 8 de julio por la ministra María Estela Ríos, detuvo el proceso iniciado por la denuncia de Morena por presuntos actos de peculado y enriquecimiento ilícito. Asimismo, la SCJN admitió la controversia constitucional 386/2026 promovida por el propio gobernador, lo que ha generado un doble obstáculo para que el Legislativo local concluya su dictamen antes del término del sexenio en octubre de 2027.
El Congreso, a través de la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Itzel Castillo Almanza, argumenta que ambas decisiones son improcedentes y vulneran la facultad del poder legislativo estatal para ejercer control político sobre el Ejecutivo. En su solicitud, el Legislativo local pide que la SCJN anule tanto la admisión de la controversia constitucional como la medida cautelar, permitiendo que el juicio político continúe su curso.
De mantenerse la suspensión, el proceso quedaría paralizado hasta que concluya el actual sexenio, lo que limitaría la capacidad del Congreso para ejercer una rendición de cuentas efectiva. La resolución que emita la SCJN definirá el alcance de las competencias legislativas frente al poder ejecutivo estatal y sentará precedentes para futuros juicios políticos en México.