EE. UU. ha incrementado las deportaciones de mexicanos a terceros países, principalmente a Guatemala y Honduras, en lo que va del 2026. Según datos oficiales, 2 284 ciudadanos mexicanos llegaron a Guatemala en calidad de "escala de tránsito" para ser devueltos a México, mientras que al menos 82 arribaron a San Pedro Sula, Honduras, en dos vuelos de agosto.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó que el arreglo entre ambos gobiernos permite que los migrantes sean trasladados sin recibir protección de refugio o asilo. Los costos de estos traslados son asumidos por México, en algunos casos con financiamiento estadounidense.
El Instituto Nacional de Migración (INM) corroboró que, desde abril, los mexicanos deportados bajo la administración de Donald Trump son enviados a Guatemala y Honduras y luego transportados en autobús al sur de México. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Cancillería mexicana no respondieron a solicitudes de información.
Este cambio de patrón contrasta con los primeros años del segundo mandato de Trump, cuando la mayoría de los mexicanos deportados regresaban directamente a su país. En aquel entonces, los acuerdos migratorios con México, Centroamérica y otros países buscaban crear "países puente" para migrantes de terceros países, pero los mexicanos rara vez eran enviados a destinos distintos al propio.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights First y Refugees International, advierten que estas deportaciones a terceros países pueden exponer a los migrantes a riesgos y vulnerar sus derechos, al no contar con garantías de protección. Abogados migratorios señalan que la estrategia de EE. UU. constituye una laguna legal para presionar a los solicitantes de asilo a regresar a sus lugares de origen.
El gobierno mexicano, que históricamente ha aceptado a sus ciudadanos deportados, enfrenta ahora una presión creciente tras la muerte de 17 mexicanos en operativos migratorios y bajo custodia de autoridades estadounidenses. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en 2025 México recibió alrededor de 12 000 deportados extranjeros, mayormente cubanos y venezolanos, pero no aclaró la magnitud de los traslados de mexicanos a terceros países.
Ante este escenario, la diplomacia mexicana busca equilibrar la obligación de recibir a sus nacionales con la exigencia de garantizar su seguridad y derechos humanos, mientras se intensifica el debate sobre la política migratoria de EE. UU. y sus repercusiones en la región.