La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, que el gobierno estadounidense deje de enviar a migrantes mexicanos a terceros países antes de su retorno a territorio nacional. En la reunión, la funcionaria recordó que México ya cuenta con un acuerdo bilateral que permite la repatriación directa en aeropuertos y cruces fronterizos.
El reclamo surgió después de que se conociera que, en lo que va del 2026, Guatemala recibió 2,284 mexicanos deportados desde EE. UU., los cuales fueron trasladados en calidad de tránsito y devueltos a México en menos de 24 horas. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó que los migrantes no permanecieron en su país, pero subrayó que fueron enviados allí antes de regresar.
Rodríguez dejó claro que México no comparte ni avala la práctica de enviar a sus ciudadanos a un tercer país cuando existen canales directos y ya establecidos para su retorno. La secretaria reiteró la disposición de mantener la cooperación con EE. UU. bajo una política de responsabilidad compartida y respeto a la soberanía mexicana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió a Washington su rechazo a la práctica, señalando que realiza todas las gestiones necesarias para garantizar un retorno seguro y digno. La medida, que se inscribe en la estrategia del gobierno de Donald Trump para frenar la migración, ha generado tensiones diplomáticas, pues México había manifestado su disposición a recibir a sus nacionales sin escalas.
Testimonios como el de Arturo Trejo, de Hidalgo, quien afirmó haber sido trasladado a Honduras antes de regresar a México sin recibir explicaciones, y la advertencia de Savi Arvey, de la ONG Human Rights First, que describió la práctica como una “creación de caos” para personas ya vulnerables, refuerzan las críticas a la política estadounidense.
En el contexto más amplio, Washington ha negociado acuerdos de recepción de deportados con varios países, incluidos pequeños estados del Caribe, El Salvador y Panamá, a los que habría ofrecido incentivos financieros. La situación pone de relieve la necesidad de un marco bilateral claro que evite la intermediación de terceros países y garantice la dignidad de los migrantes.