El gobernador Rubén Rocha Moya regresó a sus funciones el 21 de agosto con un mensaje de “frente limpia y en alto”, pero al día siguiente solicitó una licencia indefinida. La medida se produce tras más de cien días de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y una acusación formal presentada ante el Distrito Sur de Nueva York, donde la Fiscalía de EE. UU. lo señala como cómplice del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La acusación, publicada a finales de abril, incluye a diez funcionarios sinaloenses, entre ellos al gobernador y al senador Enrique Inzunza Cázarez. Según el documento judicial, ambos habrían usado sus cargos para favorecer operaciones del cártel, desde el robo de boletas hasta la designación de funcionarios corruptos que protegieran el tráfico de drogas.
Inzunza, por su parte, ha mantenido una postura defensiva. Tras la publicación de la acusación, el senador respondió en X rechazando las imputaciones y calificándolas de “calumnias”. Asistió a un citatorio de la FGR sin abogado, actuando como su propio defensor, y desde entonces ha limitado su presencia a pronunciamientos en redes sociales.
Según la reportera Silvia Arellano, el 8 de agosto el senador cumplió 100 días sin comparecer presencialmente en el Senado, a pesar de integrar la Comisión Permanente durante el receso legislativo. La ausencia y la acusación estadounidense han impulsado a opositores y a sectores de la opinión pública a exigir que Inzunza solicite licencia de su cargo. Hasta la fecha, el legislador ha ignorado la petición.
El Senado iniciará su periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre, lo que deja a Inzunza apenas unas semanas para decidir entre solicitar licencia o continuar con su bajo perfil. Mientras tanto, la controversia alrededor de Rocha Moya y Inzunza sigue alimentando el debate sobre la infiltración del crimen organizado en la política sinaloense.