Washington presionó a la cancillería mexicana el miércoles 26 de agosto, cuando el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, transmitió a Roberto Velasco, canciller de México, la exigencia de que el gobierno de Claudia Sheinbaum intensifique los esfuerzos para impedir que migrantes, incluidos ciudadanos mexicanos, crucen de forma irregular la frontera común.
La petición, revelada por Bloomberg a través de fuentes anónimas, se produce después de que en julio las detenciones de migrantes en la frontera sur de EE. UU. alcanzaran su nivel más alto desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, con 33,800 encuentros, aunque todavía muy por debajo de los picos de 2024, cuando se registraron cerca de 370,000 detenciones mensuales.
El impulso de la presión migratoria proviene de Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien lidera la ofensiva para reducir la migración irregular y el tráfico de personas. La demanda principal sería que México despliegue mayores recursos para interceptar a quienes intentan llegar a EE. UU. sin documentos, incluso cuando se trate de ciudadanos mexicanos.
Esta solicitud representa un nuevo nivel de presión sobre la administración de Sheinbaum. México ha colaborado históricamente en el control del tránsito de migrantes extranjeros, pero impedir la salida de sus propios ciudadanos plantea desafíos políticos, jurídicos y operativos. El artículo 11 de la Constitución mexicana garantiza el derecho de entrar y salir del territorio, permitiendo a las autoridades combatir delitos como el tráfico de personas, pero no detener arbitrariamente a una persona por su intención de viajar.
Tras la reunión, el Departamento de Estado informó que Rubio pidió “acciones decisivas” en tres asuntos prioritarios para Washington, sin detallar medidas concretas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó, por su parte, los avances bilaterales en seguridad, lucha contra el narcotráfico, armas y delincuencia organizada, y subrayó la necesidad de una colaboración basada en el respeto a la soberanía e integridad territorial de México.
Sheinbaum reiteró su disposición a cooperar con EE. UU., pero mantendrá límites claros en cuanto a soberanía, independencia y no injerencia. La administración mexicana también ha criticado las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras muertes de ciudadanos mexicanos en redadas y centros de detención.
La presión migratoria se suma a una agenda bilateral que incluye negociaciones comerciales, combate al fentanilo y al tráfico de armas, y exigencias estadounidenses contra los cárteles. Aunque ambos gobiernos afirman que los canales de comunicación permanecen abiertos, las versiones divergentes sobre la reunión evidencian desacuerdos persistentes sobre la corresponsabilidad en la gestión migratoria.