El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, modalidad de ocultamiento, por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega. La defensa, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, decidió no presentar apelación ordinaria y, en su lugar, interpondrá un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación dentro de los 15 días hábiles siguientes.
Según Mendieta, la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta a Farías Laguna constituye una medida inconvencional, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por ello, la estrategia busca atacar simultáneamente la resolución de vinculación y la medida cautelar, evitando el recurso de apelación que, a su juicio, no ofrece mayores posibilidades de éxito.
La audiencia inicial de la causa penal 325/2025, que se llevó a cabo del 21 al 27 de agosto, se realizó a puerta cerrada y por videoconferencia, bajo el argumento de la Fiscalía General de la República (FGR) de seguridad nacional. Durante la diligencia, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para la investigación complementaria, logrando que la jueza redujera dicho plazo de seis a cuatro meses.
El abogado también criticó la independencia de la jueza Ramírez de la Vega, señalando que la decisión de vincular a proceso se emitió poco después de la intervención presidencial en la mañanera, lo que, según él, pone en duda la imparcialidad del juzgamiento.
En caso de que el amparo prospere, Farías Laguna podría obtener una medida cautelar distinta mientras avanza el proceso penal. Actualmente, el excontralmirante permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, donde también se encuentra detenido su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
La defensa también denunció lo que calificó como “justicia selectiva” y cuestionó la lógica de la acusación, que atribuye a dos marinos de mando medio la dirección de una supuesta red de huachicol fiscal que, según la propia resolución, involucra a secretarías de Estado, una paraestatal, empresarios y agentes aduanales.