Fue en ese contexto que Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN, decidió poner manos a la obra. A un año de haber asumido el cargo, el funcionario ofreció un balance a Infobae México que destapó los frentes más delicados que enfrenta el máximo tribunal del país: déficit presupuestal, un seguro médico que desató polémica pública y un ultimátum internacional que vence en los próximos meses.
El anuncio central, sin embargo, pasó casi desapercibido entre la cascada de revelaciones. La Secretaría General de Acuerdos implementó un filtro más severo para admitir asuntos, una medida que, en palabras de Aguilar, responde a una lógica simple: “Los asuntos que no fijen un criterio útil para el sistema jurídico del país ya no se admiten”. La estrategia ya rindió frutos numéricos: la carga de expedientes que ingresan a la Corte se redujo alrededor de 30 por ciento.
No es un cambio menor si se observan los tiempos internos. Aguilar explicó que un expediente solía tardar tres meses en llegar a la mesa de los ministros; hoy, ese proceso toma entre 15 y 20 días. El problema era tan profundo que, según reveló, existía un engrose —el ajuste final de una sentencia— que llevaba dos años sin concluirse, e incluso encontró un expediente con cuatro años de retraso acumulado.
La otra cara de la moneda es financiera. La Corte atraviesa un déficit de 130 millones de pesos, y eso ha obligado a tomar decisiones incómodas. Una de ellas, la suspensión del seguro de gastos médicos mayores para 288 trabajadores, generó un señalamiento directo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aguilar aseguró que hubo información parcial y fue tajante: “No es una decisión tomada”. La restitución del beneficio, explicó, solo ocurrirá si hay suficiencia presupuestaria —y subrayó que la medida no alcanza a los ministros.
Las críticas también llegaron por el lado del parque vehicular. Las camionetas que generaron controversia al inicio de su gestión fueron defendidas por Aguilar como vehículos de gama baja, adquiridos después de dictámenes técnicos ante unidades en mal estado. En un giro que intenta apagar el fuego, ya fueron reasignadas a jueces y magistrados con mayor necesidad.
Otro frente abierto es la relación del poder judicial con el mundo empresarial. La fotografía de la ministra Lenia Batres con Carlos Slim reavivó las sospechas sobre cabildeo dentro del tribunal. Aguilar salió al paso con una defensa de lo que llamó “política de puertas abiertas” —que incluye a sindicatos, banqueros, empresarios y periodistas— y anunció foros públicos a partir de septiembre para transparentar ese diálogo. “No puedo decir que hay un sector que incide” en las decisiones del pleno, afirmó, asegurando que esas decisiones se guían por “la Constitución, la sensibilidad y el sentido de justicia”.
Mientras tanto, la Corte tiene una fecha límite encima. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige eliminar la prisión preventiva oficiosa, y Aguilar se comprometió a resolver el asunto antes de que termine el año, aunque evitó adelantar el sentido del fallo.
En el horizonte también flota la sucesión en la presidencia del tribunal, pero el ministro no está dispuesto a abordar el tema todavía. “No es el momento” de discutirla, dijo, recordando que le resta un año de gestión. El tiempo, al final, corre en ambas direcciones.