La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la doble nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Con 26 votos a favor y cinco en contra, el proyecto de reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución fue turnado al pleno de San Lázaro para su discusión y eventual ratificación. Si supera ese filtro, la reforma pasará al Senado como parte del proceso legislativo ordinario.
El texto propuesto por el Ejecutivo federal establece que, para ocupar la Presidencia, “se requiere ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata”, conforme a lo que determine la ley.
La iniciativa también busca impedir que quien ejerza el cargo presidencial adquiera o solicite otra nacionalidad durante su mandato, así como que invoque ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta a la mexicana.
El proyecto es explícito en las conductas que quedarían comprendidas en esa prohibición: el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos ante otro país y el acogerse a su protección diplomática.
De acuerdo con el dictamen, la contravención de estas disposiciones se sancionará en los términos del Título Cuarto de la Constitución, que regula los procesos de juicio político y desafuero.
La misma restricción se plantea para quienes aspiren a gobernadores de los estados y a la Jefatura de Gobierno de la capital del país, con lo que la medida busca homologar los requisitos de elegibilidad en distintos niveles del Poder Ejecutivo.
Con este aval en comisión, la discusión se traslada ahora al pleno de la Cámara de Diputados, donde el dictamen requerirá el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes para ser aprobado como reforma constitucional.