La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su firme desacuerdo con el reciente informe de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en México. Durante su conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo", la mandataria aseguró que el documento presenta una visión incompleta al no considerar los cambios legales, el incremento presupuestal y las nuevas estrategias de búsqueda implementadas por su gobierno, especialmente a partir de julio de 2025.El punto central de la crítica de Sheinbaum radica en la definición del término. La presidenta insistió en que la "desaparición forzada" implica necesariamente la participación o aquiescencia de agentes del Estado, mientras que en México una gran parte de los casos está vinculada a la delincuencia organizada. "No establece una distinción adecuada entre desaparición forzada, personas desaparecidas o no localizadas y otros fenómenos relacionados con la delincuencia", explicó. Además, cuestionó que el informe asociara la situación actual con las desapariciones ocurridas durante la "guerra sucia", considerando que las dinámicas criminales contemporáneas son distintas.Sheinbaum destacó los resultados operativos de su administración, revelando que mediante el mecanismo de alerta permanente y búsqueda inmediata, se ha logrado localizar a casi el 65% de las personas reportadas como desaparecidas. Como ejemplo de la complejidad del registro, mencionó que más de 30 mil personas que figuraban en listas de desaparición fueron encontradas tras haber salido voluntariamente de sus domicilios sin informar a sus familiares.Para abordar el rezago en la identificación de restos, la presidenta señaló que su gobierno trabaja de la mano con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales para fortalecer el trabajo forense y acelerar los procesos de identificación de personas fallecidas no identificadas. Pese al rechazo al contenido específico del informe, Sheinbaum reafirmó el compromiso de México con la colaboración internacional en materia de derechos humanos, manteniendo diálogos activos con el Alto Comisionado de la ONU, la UNESCO y otros organismos especializados para mejorar las políticas públicas en esta materia.