La reforma constitucional que busca establecer la nacionalidad mexicana como el único vínculo jurídico permitido para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, avanzó significativamente este miércoles en el Senado. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen de la minuta enviada por la Cámara de Diputados con 23 votos a favor y nueve en contra.El proyecto, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, establece que los candidatos a estos cargos ejecutivos no solo deben ser mexicanos por nacimiento, sino que tampoco pueden poseer otra nacionalidad. En caso de contar con una ciudadanía extranjera, el aspirante deberá renunciar a ella y comprobar, conforme a la legislación del país emisor, que el vínculo jurídico ha dejado de existir antes de solicitar su registro. No bastará con una simple renuncia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores; se exigirá la evidencia legal de la pérdida de la nacionalidad extranjera.El dictamen será discutido y votado en el Pleno del Senado el próximo martes 29 de septiembre. Durante la sesión de comisiones, surgieron posturas encontradas entre las fuerzas políticas. Senadores de Morena, como Saúl Monreal, defendieron la reforma como una medida necesaria para proteger la soberanía nacional y evitar posibles injerencias de gobiernos extranjeros en la toma de decisiones críticas.Por otro lado, legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano expresaron sus reservas. La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió sobre posibles conflictos con tratados internacionales y señaló que la medida afecta desproporcionadamente a entidades con alta migración, como Zacatecas y Michoacán, donde millones de mexicanos residen en el exterior con doble nacionalidad. Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) cuestionó que se penalice a ciudadanos que, aunque tengan otra nacionalidad, no ejercen derechos políticos en otros países.De aprobarse en el Pleno, la reforma entraría en vigor para el proceso electoral de 2028, sin afectar a los funcionarios actualmente en ejercicio. El Congreso de la Unión tendría un plazo de 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral secundaria. Los promotores del cambio insisten en que la medida no parte de una presunción de deslealtad hacia los binacionales, sino que responde a la naturaleza exclusiva de los cargos del Poder Ejecutivo, que requieren un compromiso político y jurídico indiviso con el Estado mexicano.