Gobierno estatal presenta argumentos ante tribunal de apelación

El gobierno estatal de Arizona apelará una opinión judicial, la cual se otorgó por el tribunal federal del distrito de Arizona en 2010, declarando una cláusula de la controvertida ley estatal 1070 inválida.  En 2010 el juez federal Susan Bolton declaró inválidas cinco cláusulas de la ley estatal 1070 incluyendo (1) la cláusula exigiendo que agentes policiales, al detener sujetos bajo sospecho de cometer algún delito o delitos no relacionados con infracciones de leyes inmigratorias, investiguen el status inmigratorio de dichos sujetos, (2) la cláusula exigiendo que inmigrantes con status legal lleven a la mano sus documentos, (3) la cláusula permitiendo las autoridades detener a sujetos sin orden de detención en instancias donde existe evidencia que dicho sujeto ha cometido delitos, los cuales podrán resultar en deportación, (4) la cláusula prohibiendo personas indocumentadas solicitar puestos de trabajo, y (5) la cláusula prohibiendo albergar o transportar inmigrantes ilegales.  El estado de Arizona apeló la decisión del tribunal federal del distrito de Arizona y en junio, 2012 la suprema corte federal declaró valida solamente la primera cláusula de la ley estatal 1070 (originalmente, la quinta cláusula no fue impugnada).

Actualmente, el estado de Arizona busca una manera de hacer cumplir las leyes relacionadas con asuntos migratorios y durante una comparecencia ante el tribunal de apelación del noveno distrito judicial de circuito, ubicado en San Francisco, California, el equipo de abogacía representando el gobierno estatal de Arizona argumentará sobre la validez del gobierno estatal aprobar y hacer cumplir las leyes relacionados con inmigración, específicamente los derechos estatales sobre la aprobación y cumplimiento de leyes estatales, las cuales permitirían autoridades estatales aprobar y ejecutar leyes prohibiendo albergar inmigrantes ilegales.  El problema se base en el concepto de la supremacía de leyes federales sobre leyes estatales, pues durante los procedimientos judiciales ante la corte de apelación, el equipo de abogacía arizonense argumentará que el gobierna estatal tiene derechos de procesar a sujetos quienes han sido acusados de albergar inmigrantes ilegales mientras que el gobierno federal argüirá que actualmente existen leyes federales sobre el albergado de inmigrantes ilegales y estas tendrán precedencia sobre estatutos locales o estatales.  Además, el equipo de abogacía representando los intereses del gobierno federal puntualizará que el legislativo federal ha aprobado varias leyes, las cuales especifican penalizaciones u otras acciones judiciales contra personas quienes han sido declaradas culpables de la violación de leyes prohibiendo albergar o transportar inmigrantes ilegales, lo cual, bajo derechos constitucionales, posiblemente podrá invalidar leyes estatales sobre los mismos delitos.

Sin embargo, al presentar el caso ante el tribunal, el equipo de abogacía arizonense también introducirá evidencia que las leyes estatales aprobadas por el legislativo y prohibiendo el albergo de personas indocumentadas no entrarán en conflicto con leyes federales.  Representantes del gobierno federal insisten que estas leyes estatales de Arizona son anti constitucional por el concepto de la supremacía federal sobre leyes estatales y después de la deliberación de los argumentos, finalmente, la corte de apelación resolverá la disputa. 

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