Las autoridades municipales de Tucson, enfrentando un aumento de 20% en los costos de prestaciones de jubilación de empleados de las agencias locales de seguridad pública, actualmente investigan maneras de reducir dichos costos. Prestaciones de jubilación para bomberos y agentes policiales se gestionan al nivel estatal, pero los fondos se financian por contribuciones de las municipalidades, y según Jonathan Rothschild, quien funge como alcalde de Tucson, existirán varias opciones para minimizar el impacto presupuestal de los costos relacionados con el financiamiento de fondos de jubilación. Debido a múltiples variables, incluyendo la recesión económica, bajas tasas de rentabilidad de inversiones, y altas tasas de jubilación de agentes policiales y bomberos, se pronostica que los fondos de retiro no producirán suficientes ingresos para cubrir las prestaciones de jubilación de agentes policiales y bomberos quienes solicitarán para recibir dichas prestaciones.
Durante una reciente junta del consejo, la cual se llevó a cabo el 9 de abril, regidores aprobaron la formación de un cuerpo especial, el cual se dedicará a investigar posibles soluciones del problema. Según algunos expertos quienes opinaron durante la junta sobre el problema de los mal financiados fondos de jubilación, el actual estado del sistema de jubilación se debe a dos causas principales: (1) el número de pensionistas es mayor que el número de personas actualmente laborando, y (2) un alto porcentaje de agentes policiales recibiendo beneficios de jubilación por ser declarados discapacitados y no capaces de funcionar en el ambiente laboral. Estos dos problemas han resultado en una suma de $540 millones de obligaciones de pensión no financiados para el sistema de jubilación de los empleados de agencias de seguridad pública de Tucson. Actualmente, el presupuesto municipal adjudica el 44% de la nómina del departamento policial y del cuerpo de bomberos como contribución de la municipalidad al fondo de retiro de dichos empleados y durante la reciente junta del consejo, esta se pronosticó aumentar al 66% dentro los próximos 15 años.
Las autoridades municipales han dado a conocer que la necesidad de financiar las obligaciones de la pensión de agentes policiales/bomberos funciona como una carga económica, la cual prohíbe la expansión de otros servicios municipales, incluyendo esos relacionados con la seguridad pública. Aunque actualmente las posibles respuestas al déficit de fondos de retiro serán limitadas, o inexistentes, las autoridades municipales señalan que en el futuro el problema afectará los presupuestos de múltiples municipalidades por el estado y se espera que alguna reacción, de alcance estatal, por parte de los gobiernos municipales pueda solucionar la cuestión. “En el futuro las demás municipalidades realizarán el mismo problema, lo cual podrá resultar en estas presionar a la legislativa hacer algo”, indicó un administrador municipal.