El Diario de SonoraNogales.
Demandan intervención de autoridades para garantizar seguridad de migrantes, colaboradores y voluntarios.
Personal y voluntarios del programa Iniciativa Kino fueron amenazados por grupos del crimen organizado e incluso allanaron y vandalizaron el comedor para migrantes, debido a la labor humanitaria que realizan en beneficio de las personas repatriadas por Nogales.
Ante esta situación, se hizo un llamado a los tres niveles de gobierno, debido a las amenazas de estos grupos organizados y según el padre Sean Carroll, director ejecutivo del organismo, en un comunicado dirigido a los Gobierno Federal, del Estado y municipio, así como a organizaciones estatales, nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos, sociedad civil y medios de comunicación, señala que ante las recientes agresiones cometidas en su contra, la situación a la que se enfrentan los migrantes en Nogales, Sonora es cada vez más complicada y peligrosa, ya que al llegar a la zona son víctimas de extorsión, inseguridad, asaltos, abusos y secuestros.
“En este contexto, Iniciativa Kino AC, ofrece a los migrantes mexicanos y centroamericanos un espacio de ayuda humanitaria en donde se les brinda alimento, atención médica, ropa, asesoría, y comunicación con sus familiares. El proyecto es apoyado por personas tanto de México como de Estados Unidos, quienes preocupados por la realidad migratoria apoyan a través de donaciones y trabajo voluntario”, se indica.
El documento informa además que el pasado 27 de agosto, un miembro del equipo recibió amenazas contra su persona vía telefónica por individuos desconocidos, si continuaba con su labor de defensoría.
Posteriormente, el pasado jueves 15 de septiembre, el comedor fue allanado por personas que entraron y destrozaron el lugar; causaron daños a muebles, comidas, medicinas, tiraron pinturas, orinaron encima de las mesas y dejaron heces fecales encima de imágenes religiosas.
Horas más tarde, ese mismo día fue robada una computadora y un celular de otra persona que colabora en el lugar.
“Si bien es cierto que el ministerio público tomó las denuncias, nos preocupa la lentitud de los organismos que tienen la responsabilidad de proteger a los defensores de derechos humanos que sufren amenazas y hostigamientos”, se comenta.
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