Con los nuevos desafíos que presenta el cruce legal a los Estados Unidos debido al retiro de los mecanismos que permitían a los ciudadanos centroamericanos pedir asilo humanitario, la mirada de muchos de estos ha quedado en México, con la esperanza de poder rehacer su vida en nuestro país; sin embargo, durante el 2025, las formas de tener una estancia legal se han vuelto muy escasas.
De acuerdo con las cifras de la Unidad de Política Migratoria en nuestro país, a diferencia de los años anteriores, donde se manejaba una política de puertas abiertas ante aquellos que buscaban la figura de “asilo humanitario” ante México, en los últimos meses las cifras oficiales revelan una caída dramática de la emisión de Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH), documento que se suponía como antesala para la residencia, así como el tránsito y empleo formal de miles de extranjeros en México.
La estadística muestra que mientras que en 2022, 2023 y 2024 el promedio anual de emisiones se encontraba entre los 110,000 y 130,000, a mediados de 2025 se contabilizaron un total de 4,219 documentos entregados. Si bien la demanda se mantiene en niveles regulares, esto demuestra un criterio mucho más estricto de las autoridades mexicanas, que es precisamente una de las peticiones por parte del gobierno estadounidense, para no utilizar a nuestro país como paso hacia el vecino del norte.
En el mismo sentido, la búsqueda de la condición de refugiado, que es un trámite de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se mantuvo constante, con un estimado de 80,000 solicitudes; sin embargo, de acuerdo a la misma dependencia, de este universo de personas, solamente entre un 3 y 5% obtienen este estatus, que les permite trabajar y vivir en nuestro país, por lo que la mayoría de los migrantes centroamericanos tienen que permanecer de manera ilegal en nuestro territorio.
Las personas que buscan principalmente quedarse en México son de países como Honduras, Cuba, Haití y Venezuela, aunque dentro de estos, los que han recibido un mayor número de aprobaciones son para los ciudadanos de Honduras, a quienes el gobierno mexicano ha cedido estos permisos por la violencia que se vive en ese país, aunque para los demás centroamericanos se han tenido rechazos masivos de estos documentos.
A nivel local, la falta de una oficina fija de la COMAR y el cierre de las puertas de las autoridades estadounidenses a los mecanismos de ingreso legal para los migrantes, orilla a miles de personas a permanecer en la frontera, algunos de estos bajo el cuidado de los albergues, otros más con recursos propios que obtienen de empleos informales. La realidad es que en Nogales, de acuerdo con estimaciones de investigadores, solo el 1% puede regularizarse como residente en México, orillándolos a la ilegalidad.