En un paso decisivo para actualizar el marco jurídico de la entidad, integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales, Fronterizos y Atención al Migrante del Congreso de Sonora aprobaron por unanimidad el proyecto de Ley para la Protección de los Derechos Humanos y Atención de las Personas Migrantes.
La iniciativa, impulsada por la diputada Azalia Guevara Espinoza, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), busca sustituir la legislación vigente desde 2007 para alinearla con los estándares constitucionales modernos y fortalecer la respuesta institucional ante el fenómeno migratorio en Sonora.
Al promover un marco jurídico con rostro humano, durante la sesión encabezada por el diputado David Figueroa Ortega, presidente de la comisión, la diputada Azalia Guevara presentó un resumen central de la iniciativa, al explicar que la necesidad de esta nueva ley deriva de la urgencia de actualizar el marco estatal conforme a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.
El objeto es establecer un marco jurídico que regule la atención integral de las personas migrantes en los ámbitos estatal y municipal, sin invadir competencias federales, pero garantizando el respeto y la asistencia humanitaria con especial atención a grupos vulnerables, destacó la legisladora.
Se establecen nuevas obligaciones específicas para autoridades municipales y estatales en materia de protección y asistencia, con la implementación de políticas públicas enfocadas en la promoción de los derechos humanos de quienes transitan o residen en Sonora.
La diputada por Nogales y Santa Cruz Azalia Guevara resaltó que el proyecto no es un esfuerzo aislado, sino el resultado de un intenso ejercicio de parlamento abierto realizado en la ciudad fronteriza de Nogales. En dicho proceso, se integraron propuestas de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil de gran prestigio, tales como Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Colegio de Sonora (Colson) y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.
Respecto a las observaciones generales, la promovente reconoció que, aunque existe un dictamen de impacto presupuestario por parte de la Secretaría de Hacienda, la aprobación se justifica plenamente en el deber constitucional de garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de movilidad.
El dictamen contó con el respaldo unánime y voto a favor de las diputadas Marcela Valenzuela Nevarez, María Alicia Gaytán Sánchez, María Karina Olivares Rábago, y los diputados Julio César Navarro Contreras y Rubén Refugio González Aguayo.
Tras su aprobación en comisión, el documento será turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) para ser incluido en el orden del día de la próxima sesión del Pleno, donde se espera su ratificación definitiva para convertirse en ley vigente en el estado de Sonora.