En un fallo que pone bajo la lupa la administración municipal del actual diputado federal por Morena, Jesús Pujol Irastorza, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora (TJA) ha dictaminado la inhabilitación por 20 años de Carlos Castro Martín del Campo, quien fungiera como tesorero de Nogales, Sonora en su administración.
La sentencia definitiva, dada a conocer de forma EXCLUSIVA por la periodista sonorense Michelle Rivera, correspondiente al expediente RA-71/2023 de la Cuarta Ponencia de la Sección Especializada en Materia de Anticorrupción, confirma la existencia de una falta administrativa grave bajo la figura de Abuso de Funciones, prevista en el Artículo 96 de la Ley Estatal de Responsabilidades.
La investigación establece que, el mecanismo operaba con la tercerización de nómina, desde la administración de Jesús Pujol contrató a una empresa de “outsourcing” para manejar el pago de los empleados municipales y con ello la evasión al SAT, donde el Ayuntamiento transfería los recursos destinados al pago de salarios e impuestos (ISR), pero la empresa, con el aval de la Tesorería, retenía los impuestos de los trabajadores sin enterarlos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En el retorno de porcentaje se presume que una parte de ese recurso no pagado al fisco era retenido ilegalmente como “ganancia” extra, lo que dejaba un boquete financiero en las arcas públicas y una deuda fiscal para el municipio.
El análisis técnico de la sentencia, el documento legal es contundente en sus puntos resolutivos con la acreditación de la falta, donde el Tribunal determinó que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad de Carlos Castro Martín del Campo en la comisión de actos que vulneraron la integridad del erario de la ciudad fronteriza.
La sanción máxima considera la inhabilitación de dos décadas, una de las más severas contempladas en la ley local, lo que refleja la magnitud del dolo y el monto del daño causado.
En las restricciones adicionales, asume, además de no poder ocupar cargos públicos, el ex funcionario queda impedido para participar en adquisiciones, arrendamientos o servicios con el Estado por el mismo periodo.
Hasta el momento, la defensa del ex tesorero no ha emitido postura tras la notificación de esta sentencia definitiva que cierra uno de los capítulos más oscuros en la administración pública reciente de Nogales.
Como dato adicional, el esquema de “outsourcing” en nóminas gubernamentales ha sido una de las banderas de combate a la corrupción del Gobierno Federal; sin embargo, en este caso, fue utilizado dentro de una administración de la Cuarta Transformación para evadir al fisco.