La llegada de la electrificación a una comunidad de siete hectáreas en el norte de Sonora marca el inicio formal de un proceso de justicia histórica para la tribu Lipan Apache, una etnia originaria que sobrevivió a campañas de exterminio y que con estas acciones consolida su asentamiento en la región.
Tras lograr su registro y reconocimiento jurídico ante las autoridades estatales, este grupo nativo comenzó a recibir los primeros beneficios de infraestructura básica, por lo que Carlos Alberto Corrales, secretario del Comité Ejecutivo Estatal de Morena con énfasis en pueblos indígenas, detalló que estas acciones responden a la necesidad de atender a los grupos originarios que buscaron refugio en la frontera.
Cuando Andrés Manuel López Obrador hizo la propuesta de una reforma a la Comisión Federal de Electricidad, no pudo, ¿por qué?, porque no tenía mayoría calificada, entonces le sacó la vuelta a Andrés Manuel, ¿cómo le sacó la vuelta?, por medio de la Secretaría de Energía, entonces, por medio de la Secretaría de Energía, crearon un programa que se llama Fondo de Servicio Universal Eléctrico, para poder dotar a las comunidades como esta, de postería, las que están más cerca de 5 kilómetros del último poste, y a las que están como el Arizona fuera de los 5 kilómetros, con paneles solares. Eso fue una maravilla, mencionó Corrales.
La instalación eléctrica representa apenas la fase inicial de lo que se busca estructurar como un Plan de Justicia Apache integral, por lo que las autoridades ya visualizan la llegada de pavimentación con caminos artesanales y la implementación de programas federales y estatales, para garantizar el desarrollo continuo de la comunidad.
Afortunadamente, por suerte, Dios nos dio razonamiento, nos dio razonamiento, y el que no razona lo que está sucediendo, pues está expuesto a cometer errores múltiples, pero los caminos verdaderos son directos, son limpios, son de ayuda para toda la gente, esto es una maravilla, indicó.
Agregó que el resurgimiento de la presencia Apache en el estado subraya el compromiso institucional de materializar políticas públicas de bienestar más allá del discurso para los sectores que han sido históricamente vulnerados.