Con el objetivo de reafirmar su compromiso con los distintos niveles de gobierno para reforzar la estrategia de protección a las familias sonorenses, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el gobernador Alfonso Durazo Montaño participó el pasado jueves 11 de diciembre en la quincuagésima segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil.
Ante gobernadoras y gobernadores de las entidades federativas, el mandatario sonorense destacó el liderazgo de las instituciones de seguridad y la absoluta colaboración que existe entre los distintos órdenes de gobierno para hacer frente a la incidencia delictiva en el país. Durante la sesión se aprobaron 11 acuerdos, entre los que destaca la homologación de la Ley General contra la Extorsión a nivel estatal para combatir este delito.
Junto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, alcanzamos acuerdos muy importantes en el combate a la extorsión y otros delitos que afectan directamente a las familias, fortaleciendo acciones que promueven entornos más seguros, mayor tranquilidad y una atención cada vez más cercana y eficaz. Reiteramos que en Sonora trabajamos en absoluta coordinación con el Gobierno de México, indicó.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses de gobierno.
En Sonora el Acuerdo Nacional contra la Extorsión beneficiará a la ciudadanía, al convertir este delito en una falta federal que se perseguirá de oficio, lo que permitirá agilizar la respuesta institucional y reducir los niveles de impunidad, así como fortalecer las áreas especializadas dentro de la Fiscalía estatal.
De igual forma, se mejorará la operación de la línea 089 para facilitar las denuncias anónimas y seguras, tanto para la ciudadanía como para los sectores productivos que suelen ser blanco de este delito, garantizando procedimientos más claros y uniformes en la recepción de denuncias y en la investigación con la puesta en marcha del Manual Nacional de Actuación, evitando criterios dispares entre entidades.