Luego de 18 años de conflictos sin resolver, omisiones institucionales y demandas sociales desatendidas, Sonora inicia una nueva etapa al concretarse el primer acuerdo integral y definitivo para atender las consecuencias del derrame del Río Sonora y la deuda social y laboral con Cananea, una problemática que por casi dos décadas ningún gobierno logró resolver.
El conflicto más complicado puede resolverse cuando la voluntad política se ejerce con sentido social. Este acuerdo es un acto de justicia y de reconciliación para Cananea y para las comunidades del Río Sonora, afirmó el gobernador Alfonso Durazo.
Con liderazgo, sensibilidad social y capacidad de concertación, el gobernador Alfonso Durazo Montaño logró lo que durante años fue considerado imposible: convertir un conflicto prolongado en un acuerdo de solución estructural, que atiende de manera simultánea la justicia ambiental, social y laboral.
Con el acompañamiento de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el respaldo directo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó el Plan Integral de Solución y Remediación del Río Sonora, un instrumento que transforma una deuda histórica en compromisos verificables y acciones concretas en favor de las comunidades afectadas.
El plan contempla una inversión superior a los 2 mil 222 millones de pesos, destinada a la remediación ambiental del Río Sonora, la atención integral a la salud, el acceso al agua potable y la restitución de derechos laborales, beneficiando a miles de familias que durante años vivieron en la incertidumbre.
Entre las acciones principales se encuentra la construcción del Hospital Regional de Ures, con 60 camas y 21 consultorios de especialidad; un Centro de Atención a la Salud Renal; y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, que permitirá atender de manera directa los efectos del derrame en la salud de la población. Asimismo, se contempla la edificación de 16 plantas potabilizadoras, el equipamiento de un laboratorio regional de calidad del agua y la instalación de tres estaciones de monitoreo permanente, garantizando una remediación real, medible y sostenida en el tiempo.
Este acuerdo representa también un reconocimiento a la lucha histórica de las y los trabajadores mineros de Cananea, así como de las viudas y familias que durante años exigieron justicia, dignidad y reparación. Por primera vez, el Estado responde con una solución de fondo.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que este acuerdo responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, para resolver de manera definitiva una deuda social que durante casi dos décadas impactó negativamente en la salud, el medio ambiente, la estabilidad laboral y la vida cotidiana de la región.
Después de 11 años del derrame del Río Sonora, 18 años de la huelga minera y un prolongado abandono institucional, este acuerdo marca un punto de inflexión histórico: confirma que los problemas estructurales no se heredan ni se administran, se enfrentan y se resuelven, y que la justicia ambiental es, también, justicia social y justicia para las y los trabajadores.