Con el propósito de adecuar y armonizar la Ley de Gobierno y Administración Municipal con los recientes mandatos de la Constitución Política del Estado de Sonora, la diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó una propuesta formal para ajustar el marco jurídico estatal en correspondencia con el nuevo tope constitucional de un máximo de 15 regidurías en los ayuntamientos.
La propuesta de reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal busca otorgar certeza jurídica a la integración de los cabildos, optimizar el gasto público y consolidar los principios de austeridad en los ayuntamientos de la entidad.
La legisladora, representante del grupo parlamentario de Morena, fundamentó que esta iniciativa es indispensable para garantizar la absoluta certeza jurídica en los procesos de conformación e integración de los cabildos sonorenses. Asimismo, argumentó que los cambios no solo fortalecerán los niveles de eficiencia administrativa al interior de los ayuntamientos, sino que abonarán a un manejo racional, transparente y austero de la hacienda pública municipal.
El proyecto normativo plantea la reforma sustancial de los artículos 25 y 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por lo que, en estas modificaciones se establece que aquellos municipios cuya población sea superior a los 100 mil habitantes tendrán un límite infranqueable de 15 regidurías para componer sus cabildos. Dicho esquema se distribuirá formalmente a través de nueve regidurías electas por el principio de mayoría relativa y hasta seis asignadas mediante la vía de la representación proporcional, sumándose a las figuras de la presidencia municipal y la sindicatura.
La reforma tendrá un impacto directo e inmediato en los municipios de Navojoa, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado, al ser las demarcaciones del estado que actualmente superan el umbral de los 100 mil habitantes.
Un aspecto vanguardista de la iniciativa reside en la integración transversal de un lenguaje incluyente y con perspectiva de género dentro de toda la redacción de la ley. Esta enmienda busca visibilizar y reconocer de forma expresa las titularidades de los cargos públicos locales como la presidenta o presidente municipal, la sindicatura y las regidurías, actualizando el glosario institucional a los estándares vigentes de equidad.
El proyecto deroga de forma tajante las cláusulas legales obsoletas que permitían la adición de hasta cinco regidurías extras en demarcaciones territoriales que superaran el millón o dos millones de habitantes; ello asegura que ningún criterio demográfico futuro vulnere el techo rígido establecido por la Constitución del Estado.
La iniciativa detalla con precisión que la distribución de espacios edilicios por representación proporcional, así como las regidurías asignadas por criterios étnicos y acciones afirmativas para grupos históricamente vulnerados, deberán ser implementadas bajo los lineamientos y las pautas que dicte la normatividad electoral correspondiente, siempre constreñidas al cumplimiento estricto del límite constitucional.