Diputadas y diputados coordinadores de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de Sonora ofrecieron una rueda de prensa para informar sobre la situación jurídica que mantiene el Poder Legislativo con un grupo de propietarias de guarderías.
La diputada presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra López Noriega, estuvo acompañada por las y los coordinadores parlamentarios Ernestina Castro Valenzuela (Morena), Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), David Figueroa Ortega (PVEM), Norberto Barraza Almazán (PES) y César Adalberto Salazar López (NAS).
López Noriega informó que el Congreso de Sonora ha dado cumplimiento puntual a las resoluciones judiciales emitidas con motivo del amparo concedido a la asociación Conservando los Valores de la Familia A.C. (Covafam), en octubre de 2025, relacionado con la asignación de dos millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023, recursos que serán considerados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2027.
La diputada Jazmín Gómez Lizárraga advirtió que las personas y organizaciones que prestan servicios de educación inicial deben cumplir, sin excepción, con lo establecido en la Ley 5 de Junio, la cual contempla protocolos estrictos de seguridad para salvaguardar la integridad física de niñas y niños.
No obstante, afirmó que las personas manifestantes exigen que dicha legislación no les sea aplicable y que se cree una ley a modo a su favor. Consideró que esa petición es inaceptable, ya que podría poner en riesgo la vida de niñas y niños, además de desmerecer el trabajo de los centros de atención infantil que sí cumplen con la legislación vigente.
La diputada López Noriega añadió que el grupo inconforme no ha permitido avanzar en la construcción de acuerdos, debido a que en cada mesa de negociación incrementaba sus exigencias de manera intransigente.Por su parte, la diputada Ernestina Castro explicó que la mayoría de las entidades federativas aún no ha homologado sus constituciones locales en materia de educación inicial, debido a que los artículos transitorios de la reforma constitucional federal no establecen la obligación de adecuar las constituciones estatales. Sin embargo, precisó que sí existe la obligación de armonizar la legislación secundaria, la cual fue atendida mediante la adecuación de la Ley de Educación del Estado a la Ley General de Educación.