El Congreso de Sonora aprobó la suspensión por tiempo indefinido del mandato de Angélica Valdés Mendoza, regidora propietaria del Ayuntamiento de Nogales. La medida responde a su incapacidad física y legal para ejercer sus funciones constitucionales en el Cabildo, derivada de un proceso penal activo en su contra.
Durante la sesión plenaria del 9 de julio de 2026, las y los diputados de la LXIV Legislatura ratificaron el dictamen previamente aprobado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cuyo análisis partió de una solicitud formal enviada al Poder Legislativo por el Secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz como parte del Gobierno de la ciudad.
En torno a fundamentos legales y presunción de inocencia, los motivos para esta resolución se basan en el Artículo 338, donde legisladores argumentaron dos causas principales para la suspensión, relacionadas con ausencias injustificadas por un periodo mayor a 15 días y la existencia de una vinculación a proceso penal que imposibilita su labor presencial.
El Congreso aclaró que este dictamen no emite un juicio de culpabilidad, al determinar una suspensión indefinida en lugar de una revocación definitiva, el Poder Legislativo protege la presunción de inocencia de la funcionaria; de esta forma, sus derechos político-electorales quedan a salvo si ella logra un fallo judicial favorable.
Para asegurar el adecuado funcionamiento del cabildo encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, el dictamen estipula el relevo inmediato, por lo que se llamó a la regidora suplente, Karen Jetzabel Arce Baca, para asumir el cargo de manera temporal y la diputada local Azalia Guevara tiene la designación oficial para realizar el protocolo de toma de protesta ante el cuerpo colegiado del Cabildo de Nogales.
En los antecedentes del caso, el origen de esta situación se remonta al 30 de marzo de 2026, cuando elementos de la Policía Ministerial de Investigación aprehendieron a la regidora en la ciudad de Hermosillo, con la premisa que, actualmente, la edil permanece internada en el área femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) estatal.
Fuentes oficiales indican investigaciones por el delito de fraude genérico, en el que, los reportes apuntan a presuntas irregularidades en una caja de ahorros, donde la funcionaria supuestamente retuvo el capital y los rendimientos prometidos a diversas víctimas.