Luego de décadas de rezago, hoy las comunidades indígenas cuentan con atención integral y sus derechos han sido restituidos, a través de los Planes de Justicia que impulsan en Sonora el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en seguimiento a las acciones que inició el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y en las que se ha aplicado una inversión histórica. A cinco años de haber iniciado la transformación de Sonora, con la finalidad de saldar deudas históricas, garantizar derechos fundamentales y promover un desarrollo equitativo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha trabajado de la mano con dependencias federales y estatales para implementar acciones que atiendan las necesidades prioritarias de comunidades como los pueblos Yaqui, Seri-Comca’ac, Guarijío-Makurawe y Yoreme-Mayo. En el pueblo Yaqui se restituyeron más de 45 mil 555 hectáreas, con una inversión superior a 617 millones; se destinó una inversión cercana a 3 mil millones para infraestructura y servicios dirigidos a mujeres, niñas, niños y jóvenes del pueblo. Las acciones del plan acumularon cerca de 18 mil 356 millones, destinados al bienestar, desarrollo y derechos de la etnia Yaqui. En el pueblo Seri-Comca’ac se invirtieron más de 244 millones en infraestructura básica y social, incluido el Acueducto Seri, para beneficiar a las comunidades de punta chueca y desemboque. Se destinaron más de 102 millones para pesca, turismo y proyectos productivos que generan ingresos para las comunidades Seri–Comca’ac. Cerca de 100 millones se invirtieron en escuelas, telebachilleratos, comedores y tecnología para estudiantes de las comunidades Seri. En el pueblo Guarijío–Makurawe se realizaron obras de agua potable, electrificación, caminos, puentes, energía solar y vivienda para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Las acciones representaron cerca de 498 millones, destinados al bienestar, identidad cultural y desarrollo integral de la etnia. En el Pueblo Yoreme–Mayo más de 58 mil estudiantes recibieron becas y apoyos educativos dentro de las acciones del plan de justicia. Alrededor de 176 parteras tradicionales y auxiliares de salud fueron beneficiados mediante acciones de fortalecimiento de la atención comunitaria. Se destinaron más de 460 millones a infraestructura, programas sociales y proyectos estratégicos para el bienestar de la comunidad.
Los Planes de Justicia representan el reconocimiento y respeto para los pueblos originarios que habían sido despojados de sus derechos e históricamente rezagados durante sexenios pasados.