Una investigación reciente del Departamento de Justicia de EE. UU. ha puesto el foco en el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona (DCS), revelando prácticas que, según el informe, discriminan a padres con discapacidades. El informe detalla una preocupante falta de adaptación a las necesidades de estos padres y sus hijos.
El problema central se centra en la comunicación. "Como no había ningún intérprete de lenguaje de señas presente, una madre no sabía que las personas que intentaban hablar con ella eran investigadores del DCS," cita la carta del Departamento de Justicia. Esta situación, según el informe, se repitió en varios casos, dejando a padres sordos desinformados sobre procedimientos cruciales, como la separación de sus hijos.
La investigación no se limitó a la falta de intérpretes para personas sordas. También se encontraron casos donde el DCS presuntamente falló al proporcionar ayuda a padres con otras discapacidades. Por ejemplo, "DCS nunca le dio a una madre los materiales escritos en letra grande que necesitaba debido a una discapacidad visual," según el documento. Esto dejó a la madre sin la información necesaria para comprender y participar en su propio caso.
El informe del Departamento de Justicia incluye una lista detallada de acciones correctivas que el estado debe implementar. Entre estas, destaca el pago de compensación a los padres afectados por las violaciones a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). El incumplimiento de estas medidas podría resultar en acciones legales por parte del gobierno federal.
La investigación resalta la urgencia de asegurar que el sistema de bienestar infantil sea inclusivo y accesible para todos, independientemente de sus capacidades. Se trata de garantizar que todos los padres tengan la oportunidad de participar plenamente en los procesos que afectan la vida de sus hijos. La falta de intérpretes y materiales accesibles deja a padres vulnerables y desprotegidos, creando una brecha que debe ser corregida inmediatamente.