La controversia gira en torno a una investigación interna y una posterior moción de censura, con acusaciones de parcialidad política que avivan las llamas. La chispa que encendió la mecha fue una carta pública escrita por Tovar el 18 de noviembre, donde expresaba su desacuerdo con un bono de $20,000 otorgado a Doug Clark, director ejecutivo de la agencia. En la misiva, Tovar describió el bono como “sin precedentes, injustificado y no basado en criterios tangibles”, generando un terremoto político.
Pero la historia no termina ahí. Tovar también hizo referencia a alegatos de mala administración de la agencia, citando una demanda civil presentada por Robin Mitchell, ex asesor principal. Esta acción detonó una investigación interna encabezada por Tom Van Flein, asesor principal de la agencia, a quien el abogado de Tovar, Jim Barton, acusa de un claro conflicto de intereses.
“Tenemos al abogado que asesoró a la comisión sobre el cumplimiento de la ley de reuniones públicas, investigando una denuncia de incumplimiento de la misma ley. Actúa como fiscal y luego como asesor, indicando a la comisión cómo proceder,” señala Barton, enfatizando la falta de objetividad en el proceso.
La investigación incluyó acusaciones contra Tovar por presunta violación de la ley de confidencialidad de las sesiones ejecutivas, acoso a un empleado y otros asuntos. Tres de los cinco comisionados votaron a favor de censurarla. Jim O'Connor, presidente de la Comisión, presentó la moción, argumentando que las acusaciones estaban “fundamentadas en pruebas claras y convincentes.”
El voto de censura se llevó a cabo sin la presencia de Tovar, quien calificó la investigación como una “cacería de brujas política.” Su abogado argumenta que la decisión de remitir el caso al fiscal del condado, un republicano, evidencia la parcialidad política de la investigación. La discusión central se centra en si Tovar tenía derecho a comentar sobre el bono de Clark, un asunto que su abogado califica como “de importancia pública.”
Los detalles de este caso plantean preguntas sobre la transparencia y el debido proceso dentro de la Corporación de Arizona, dejando la arena política local en un ambiente de incertidumbre y debate.