El centro de la controversia radica en la asignación de 22 millones de dólares para la modernización del equipo del Departamento de Policía de Phoenix. Específicamente, se trata de la compra de nuevas pistolas eléctricas, o tasers, para sustituir las actuales, que según el concejal Kevin Robison, están llegando al final de su vida útil. Robison defiende la inversión argumentando que: “Creo que es una herramienta importante que tenemos que tener”, destacando las mejoras tecnológicas y el mayor alcance que ofrecen los nuevos modelos.
Sin embargo, esta justificación no ha convencido a un importante sector de la población. Varias voces, como la de Justina Hernández, se han alzado para expresar su profunda inconformidad. Hernández, quien perdió a su hijo Alejandro en un incidente con la policía, argumenta que: “Con esos 22 millones les van a dar más violencia y no estoy de acuerdo con todo esto”. Su testimonio, cargado de dolor y frustración, pone de manifiesto la desconfianza que existe hacia el departamento de policía, especialmente considerando el informe del Departamento de Justicia de junio de este año que señala un uso irrazonable de la fuerza no letal, incluyendo las pistolas eléctricas.
Hernández relata la tragedia que marcó su vida: “Le dieron cinco balazos, tres por la espalda, dos de frente y le soltaban el perro”. El impacto de su testimonio resuena con la frustración de otros manifestantes, quienes reclaman que esos 22 millones de dólares se inviertan en otras áreas urgentes. Como señala Saucedo, otro miembro de la comunidad: “Hubiera sido bueno utilizar ese dinero para poner instituciones mentales para las personas que andan en las calles”.
La votación en el Ayuntamiento de Phoenix, que aprobó la compra con un resultado de 9 a 0 sin oposición, ha dejado abierta una herida profunda en la comunidad, exponiendo la brecha entre las prioridades de las autoridades y las necesidades urgentes de una parte significativa de la población. La discusión no sólo gira en torno a la compra de armas no letales, sino sobre la confianza, la justicia y la asignación responsable de recursos públicos en una ciudad con importantes retos sociales.