En el centro de la controversia se encuentra Adrian Fontes, Secretario de Estado de Arizona, y su decisión de incluir una cláusula específica en el Manual de Procedimientos Electorales de 2023. Esta regla establecía que el recuento estatal podía proceder incluso sin la certificación completa de todos los condados, una situación que generó una ola de reacciones.
El juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa, Scott Blaney, ha emitido un fallo que declara dicha cláusula inválida. Según el juez, Fontes habría excedido su autoridad al redactar dicha normativa. “Nada en los estatutos permite al Secretario excluir la participación de un condado particular y/o, por extensión, privar del derecho al voto a la totalidad de los votantes del condado”, escribió Blaney en su resolución. El juez enfatizó la falta de base legal para semejante acción.
La decisión no ha sido tomada a la ligera. La demanda fue interpuesta por Warren Petersen, presidente del Senado de Arizona, y Ben Toma, presidente de la Cámara de Representantes, ambos republicanos, quienes acusaron a Fontes, un demócrata, de sobrepasar sus atribuciones. Es importante notar que Katie Hobbs, la gobernadora de Arizona, y Kris Mayes, la fiscal general, ambas demócratas, habían aprobado previamente la actualización del manual.
La oficina del secretario de estado aún no ha respondido oficialmente al fallo. Cabe recordar que funcionarios de condados de Arizona han enfrentado problemas en el pasado al certificar los resultados electorales, ocasionando retrasos y cuestionamientos al proceso. De hecho, en octubre pasado, una funcionaria del condado de Cochise fue declarada culpable de un delito menor por su negativa a certificar resultados electorales de 2022.
El argumento de Fontes, referente a la necesidad de cumplir con plazos estrictos para presentar los resultados estatales, fue considerado por el juez, quien coincidió en la importancia de los plazos, pero recalcó que esto no justifica la exclusión de los resultados de ningún condado. Los republicanos celebraron la decisión como un triunfo para la legalidad y la integridad del sistema electoral.
La situación resalta la complejidad del sistema electoral en Arizona y las tensiones políticas que lo envuelven. La falta de una respuesta inmediata por parte de la oficina del Secretario de Estado deja abierta la posibilidad de futuras acciones legales o apelaciones.