Senador de Arizona propone $2,500 por cada migrante deportado

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Las finanzas públicas de Arizona están en el ojo del huracán, con una propuesta que redefiniría la relación entre las fuerzas del orden y la comunidad migrante; se avecina un debate crucial sobre la asignación de recursos y sus potenciales consecuencias

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Nicol Matuz Scott el 20/02/2025 09:45 AM.
En Arizona y editada el 20/02/2025 09:54 AM.

En el centro de la controversia se encuentra el Proyecto de Ley del Senado 1111 (SB 1111), que propone un incentivo económico significativo para las agencias locales y estatales de aplicación de la ley. El senador republicano Jake Hoffman, de Queen Creek, Arizona, es el impulsor de esta iniciativa que promete $2,500 dólares por cada migrante detenido que resulte deportado.

Según Hoffman, “lo que hace es empoderar a nuestros funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley para detener y trasladar a las autoridades federales a los extranjeros ilegales delincuentes para que puedan ser juzgados y deportados”. La justificación se basa en la supuesta necesidad de alinear las acciones estatales con la estrategia migratoria del presidente Trump, asegurando que los fondos solo se liberarían tras la confirmación de la deportación.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Melina Arellano, de la organización sin fines de lucro Puente AZ, advierte sobre las posibles consecuencias negativas. Arellano argumenta que el SB 1111 podría generar un efecto disuasorio para que las personas reporten emergencias a la policía, “evitando buscar ayuda o cooperar con la policía por temor a que la participación policial conduzca a su propia deportación y la separación de sus familias”.

Para financiar este programa, el SB 1111 propone un nuevo impuesto a las transferencias electrónicas de dinero internacionales. Se establecería una tarifa de $25 dólares para transferencias menores a $500 dólares, y de $25 dólares más un 5% para montos superiores. Hoffman justifica este impuesto argumentando que “a menudo, tenemos extranjeros ilegales aquí y empresas ilegales, empresas criminales que participan en el tráfico de drogas y el tráfico de personas que transmiten las ganancias... las transmiten a su país de origen”.

La preocupación de Arellano se extiende más allá de las implicaciones prácticas. Ella considera que la ley podría exacerbar los sentimientos de odio hacia las comunidades migrantes. “Ya vemos ese odio dentro de nuestra comunidad. Así que solo va a agregar más a ese odio. Quiero decir, incluso con nuestras redes sociales, hemos estado recibiendo mucho odio hacia nuestra comunidad, calificando a nuestra comunidad como criminal, lo cual no es el caso”.

El debate sobre el SB 1111 está programado para este jueves en el Senado de Arizona, prometiendo un enfrentamiento crucial entre quienes apoyan la propuesta y quienes temen sus repercusiones en la comunidad inmigrante y la seguridad pública.