Ley Arizona: debate sobre rastreo migratorio en hospitales genera controversia

El proyecto de ley en cuestión, SB 1268, ha generado gran malestar entre algunos sectores de la población. Se trata de una iniciativa que, según sus defensores, busca rastrear el gasto en Medicaid para determinar si los contribuyentes están financiando la atención médica de personas en situación irregular. Sin embargo, la manera en que se propone lograr esto es lo que ha encendido las alarmas.
El proyecto, impulsado por la Senadora Wendy Rogers, establecería un requisito para que los hospitales incluyan en sus formularios de admisión una sección donde se pregunte a los pacientes sobre su estatus migratorio. Según una publicación del Caucus Republicano estatal, “el proyecto de ley requeriría a los hospitales incluir una sección en su formulario de admisión de pacientes que brinde a las personas la opción de indicar si se encuentran legalmente presentes en los Estados Unidos.”
Sin embargo, la abogada de inmigración de Arizona, Darius Amiri, expresa serias preocupaciones. Amiri considera que la medida es “increíblemente perniciosa” y plantea interrogantes sobre el verdadero objetivo de la recolección de datos. Su principal temor es que, más allá de la recolección de información, la iniciativa pueda exponer a individuos a acciones de deportación o reportes a las autoridades migratorias (ICE).
La Senadora Rogers, por su parte, ha asegurado en una audiencia celebrada en febrero que el proyecto “no niega atención a nadie, responder es opcional. No hay consecuencias migratorias.” En una publicación en línea, Rogers afirma que la intención es proteger la privacidad del paciente, mientras se busca garantizar la sostenibilidad del sistema de salud de Arizona para sus “ciudadanos legales.”
La propuesta, que aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del gobernador, podría enfrentar importantes desafíos legales si se convierte en ley. Su aprobación o rechazo tendrá un impacto significativo en la comunidad y definirá un nuevo precedente en la interacción entre los hospitales, los pacientes y las autoridades migratorias en Arizona.
Mientras tanto, la discusión continúa y la incertidumbre persiste en torno al futuro de la atención médica en el estado, generando un debate profundo sobre privacidad, derechos humanos y el acceso a la salud para todos los residentes de Arizona.