En el centro de la controversia se encuentra la NCAA, la máxima autoridad del deporte universitario estadounidense, con más de 1.100 instituciones y 500.000 deportistas bajo su paraguas. Su reciente decisión ha generado reacciones a lo largo y ancho del país, dividiendo opiniones y reavivando el debate sobre la inclusión de atletas transgénero en las competencias femeninas.
La figura de Riley Gaines, exnadadora de Kentucky y férrea defensora de la prohibición, cobra especial relevancia. Su presencia en la Casa Blanca durante la firma de una orden ejecutiva del presidente Trump, destinada a vetar la participación de deportistas transgénero en deportes femeninos, muestra la polarización del tema. Gaines, junto a otras deportistas, demandó a la NCAA el año pasado, argumentando que la participación de Lia Thomas en los campeonatos nacionales de 2022 violaba sus derechos bajo el Título IX. Su reacción al anuncio de la NCAA fue inmediata: “No puedo ni empezar a decirles lo bien que se siente saber que ninguna chica tendrá que experimentar lo que mis compañeras y yo pasamos,” publicó en X.
El cambio de política de la NCAA, efectivo de inmediato, limita la participación en deportes femeninos a quienes se les asignó el sexo femenino al nacer. Se abandona así el enfoque deporte por deporte adoptado en 2022, que se basaba en las políticas de los organismos rectores de cada disciplina. Ahora, existe un estándar nacional claro, según palabras del presidente de la NCAA, Charlie Baker, quien afirmó que “los estándares de elegibilidad claros, consistentes y uniformes servirían mejor a los estudiantes-deportistas de hoy.”
Pero la decisión no es simplemente una restricción. La nueva política establece excepciones. Las atletas identificadas como hombres al nacer pueden entrenar con equipos femeninos y recibir beneficios, como atención médica. Sin embargo, la participación en competencias queda condicionada. Una deportista identificada como mujer al nacer que haya comenzado la terapia hormonal no puede competir en un equipo femenino sin arriesgar la elegibilidad del equipo para campeonatos. La responsabilidad de certificar la elegibilidad recae en las escuelas miembro, sujetas a legislaciones locales, estatales y federales.
La controversia ha llegado a las cortes. El Departamento de Educación abrió investigaciones a la Universidad Estatal de San José, la Universidad de Pensilvania y la Asociación Atlética Interescolar de Massachusetts, por posibles violaciones de derechos civiles relacionadas con la participación de atletas transgénero. Sia Liilii, capitana del equipo de voleibol de Nevada, expresó su “extasiada” satisfacción con la nueva política, afirmando que “al eliminar completamente a los hombres de los deportes femeninos, estamos volviendo a la verdadera definición del Título (IX).”
La NCAA, en su comunicado, recalca su compromiso con la creación de culturas atléticas respetuosas e inclusivas y la actualización de su orientación sobre salud mental. La decisión refleja la política de la Asociación Nacional de Atletismo Intercolegial (NAIA), que en abril pasado adoptó una postura similar.