A la fosa común seis cuerpos al día Desde el 2011 en México
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El Diario de SonoraMéxico, DF
Los cadáveres anónimos sumaron 3 mil 662 entre enero de 2012 y julio de 2013.
En México, morir con la etiqueta de “anónimo” atada al dedo gordo del pie prácticamente sigue siendo tan común como antes. Al final de la administración de Felipe Calderón y al principio de la de Enrique Peña Nieto la distribución nacional de los cadáveres NN —los Ningún Nombre— se mantiene casi sin cambios: a diario y por todo el país un promedio de seis cuerpos son enviados al desamparo de la fosa común.
Quienes engrosan esa estadística fúnebre murieron de distintas formas. Violenta, accidental o natural, pero siempre bajo una constante: sin que se supiera su identidad. Son lo mismo víctimas de la violencia callejera e integrantes del crimen organizado que migrantes extranjeros, personas extraviadas, delincuentes e indigentes. En algunos casos, también ancianos cuyas familias han muerto o les han olvidado.
Es un listado en el que se cuentan osamentas y otros restos hallados sin dueño. O cadáveres cuyas huellas y rostro fueron desfigurados para evitar su identificación, además de fetos y bebés abandonados en la vía pública. En resumen y aún más importante, son miles de personas que jamás fueron reclamadas de los congeladores de los servicios médicos forenses estatales y de las que, con toda probabilidad, no se volverá a saber nada, quedando como herida abierta en alguna parte.
En los 18 meses, entre enero de 2012 y julio de 2013, de acuerdo al recuento anual de MILENIO, Morir sin Nombre —presentado aquí por segundo año consecutivo—, un total de 3 mil 662 cuerpos sin identificación pasaron por las planchas de los forenses de los estados para después ser remitidos a las cada vez más saturadas fosas comunes estatales. Desde 2011, 6 mil 496 personas han sufrido este fin.
Este año, las cifras fueron compiladas en los servicios médicos forenses (semefos) de 23 entidades con base a medio centenar de solicitudes de transparencia, así como llamadas telefónicas a sus respectivas áreas de comunicación social. Para este ejercicio —que también sirve como un barómetro en materia de transparencia— la gran mayoría de los estados aceptó a responder las preguntas sobre el tema, incluso generando archivos fácilmente consultables.
En esta ocasión, se hizo una pregunta adicional a los gobiernos estatales: ¿cuál es la dirección de los cementerios donde se encuentran las fosas comunes a las que envía los cuerpos no identificados? Lo anterior, para crear un mapa georeferenciable en el que puedan hallarse las más grandes concentraciones de cadáveres NN en el país, con miras a eventualmente facilitar su ubicación e identificación, en caso de que ello sea posible.
Pero si bien el grueso de las respuestas fueron afirmativas, hubo otras entidades que mantuvieron la práctica de obstaculizar y hasta sellar todo acceso a sus archivos, sin revelar nada del tema ni dar a conocer cuánta gente pasa por sus anfiteatros, mucho menos su ubicación final. Como en 2012, se trata de Aguascalientes, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y el Estado de México, a los que ahora se sumaron Colima y Chiapas.
Sus argumentos de rechazo variaron. Fueron de la negativa total y el secreto de Estado, a simplemente no atender el teléfono. Veracruz calificó nuevamente la información de “inexistente”, pese a que desde el año pasado el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información había ordenado a su procuraduría entregar toda la documentación pertinente. La reserva sobre el manejo de los cadáveres en ese estado ha llegado al punto de que el acceso de alumnos de medicina de la Universidad Veracruzana al anfiteatro se ha reducido sustancialmente.
Colima y Chiapas recurrieron a la justificación técnica: jamás tuvieron en línea sus sistemas de solicitudes de información. En el caso chiapaneco, pasó fuera de servicio varios meses.
En Guerrero, que en 2012 sí entregó algunos datos, quedó de manifiesto que no hay quien maneje los archivos del Semefo: la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Salud se asignaron mutuamente la responsabilidad de responder sin que, a final de cuentas, ninguna lo hiciera. Pese a cuatro solicitudes diferentes, no hubo dato alguno. En Tamaulipas ocurrió lo mismo que en 2012. La respuesta fue una calca, incluido el funcionario: el encargado del área de Comunicación Social de la PGJE tamaulipeca, Rubén Darío, señaló nuevamente que datos como esos no están en poder del gobierno estatal, es decir, que esa entidad no cuenta a sus muertos.
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