Un mes, 52 detenidos y todavía no aparecen

México, DF.

Se espera el resultado de las pruebas hechas por argentinos a cuerpos hallados en fosas.
Hace un mes, la noche del 26 de septiembre, la violencia se desató por parte de un grupo de policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, en complicidad con integrantes del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, con saldo de seis personas muertas, 20 heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos.
Estos hechos revelaron la relación de complicidad entre corporaciones municipales con el crimen organizado, desde la misma presidencia municipal en manos del perredista José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, directamente vinculada con uno de los cárteles con más presencia: el de los hermanos Beltrán Leyva.
Según reportes de autoridades, los que no alcanzaron a ser alterados, así como versiones de testigos y sobrevivientes, los ataques a normalistas iniciaron aproximadamente a las 21:00 horas, a su llegada a Iguala.
Antes de la medianoche, el saldo era: tres estudiantes muertos, dos con heridas de bala y otro con huellas de haber sido desollado del rostro, cuyo cuerpo se halló en la avenida Periférico Norte.
Las agresiones se extendieron a la carretera federal Chilpancingo-Iguala, en el kilómetro 176, donde los agresores dispararon en contra del autobús en el que viajaba el equipo Avispones de Chilpancingo, matando a un jugador: David Josué, de 15 años.
Además del conductor del camión con los futbolistas, también murió Blanca Montiel, una mujer que viajaba en un taxi.
Para las primeras horas del 27 de septiembre, a las seis víctimas mortales se sumaron los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuyo paradero, a un mes, todavía se desconoce, y por quienes la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 64.5 millones de pesos de recompensa por información que lleve a su localización: millón y medio por cada uno.