Aprueban Ley Federal de Derechos

Cd. de México.

Establecen medidas para mejorar la prestación de servicios públicos y que el país sea más competitivo.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, que establece medidas para mejorar la prestación de servicios públicos y que el país sea más competitivo.
Para ello, se hace la adecuación de las disposiciones fiscales y eliminar algunos derechos, a fin de fomentar ciertas actividades.
Al discutirse 32 reservas a diversos artículos que presentaron 22 legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y Movimiento Ciudadano, sólo se aprobó la modificación al Artículo 30-C y 31-A-1, fue presentado por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez.
Con ese cambio, ahora los actuarios que prestan sus servicios a instituciones y sociedades mutualistas de seguros, así como de finanzas, deberán pagar una cuota de mil 367 pesos con un centavo por la presentación de cada examen de acreditación de conocimientos.
Después de más de seis horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular los cambios al dictamen con 380 votos a favor, 57 en contra y una abstención.
El documento aprobado por el pleno señala que la reforma energética otorga a la Secretaría de Energía facultades para otorgar permisos para el tratamiento y refinación de petróleo, y procesamiento de gas natural.
Incorpora el cobro por la prestación de servicios consistentes en la expedición de los títulos de permiso para el tratamiento y la refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, así como por su prórroga, cesión y modificación, considerando para estos dos últimos casos 50 por ciento de la cuota del derecho.
Prevé el cobro, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), relacionado con la circulación de los vehículos de autotransporte que transitan en carreteras federales.
El dictamen prevé la recaudación por los servicios de expedición del título de concesión en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para sus distintos usos, ya sea comercial, público, privado o social, así como el de prórroga.

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