Legisladores en la curul de los acusados
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El Diario de SonoraCd. de México.
El caso de la llamada Chapodiputada local panista, Lucero Guadalupe Sánchez López —presuntamente ligada al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán—, reabrió el debate sobre flexibilizar la figura del fuero, que dificulta abrir un proceso penal contra funcionarios acusados de algún delito grave. La iniciativa está por cumplir tres años en la congeladora en el Senado.
Una revisión documental realizada muestra que al menos 43 diputados federales y senadores de las últimas tres legislaturas del Congreso de la Unión han enfrentado señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, pero sólo uno ha sido desaforado: Julio César Godoy Toscano (PRD), quien hoy sigue prófugo de la justicia.
Víctor Alarcón Olguín, maestro en Gobierno por la Universidad de Notre Dame, dice que “es valioso [que se retome la iniciativa sobre el fuero], pero ya no es suficiente, porque hay otros elementos que inhiben la denuncia y hacen que las organizaciones sociales estén seriamente intimidadas por el crimen organizado”.
La modificación constitucional —que forma parte de los acuerdos del Pacto por México— consistiría en permitir que los funcionarios sean “sujetos a proceso penal”, aunque bajo esa circunstancia “el servidor público podrá seguir en el cargo”, lo que permitiría que los presuntos responsables de algún delito rindieran cuentas o, en su caso, limpiaran su nombre.
Alarcón Olguín, también investigador de la UAM-Iztapalapa, señala que el Pacto por México ya no es referencia. “En esta Legislatura está muerta, no va a pasar nada porque ya todo está dentro de la lógica de la sucesión presidencial”.
La senadora Pilar Ortega (PAN), secretaria de la Segunda Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara Alta, considera una obligación de la Legislatura federal retomar la discusión.
Explica que el fuero constitucional debe proteger exclusivamente las opiniones de los parlamentarios. “No debe haber restricción alguna que impida a la justicia mexicana sancionar cualquier delito en el que incurra un legislador o un funcionario público”.
El esquema legal vigente enturbia incluso más la atmósfera de sospecha e incertidumbre en la que se destruyen prestigios con la misma facilidad con que se ocultan auténticos vínculos oscuros, considera la senadora panista. “A la hora de la discusión, el tema se esfuma, se queda en tentativa, sale de la negociación y ya no queda en nada, nunca llegamos a la conclusión. Tenemos la obligación de continuarlo frontalmente”.
Las acusaciones sobre los 43 legisladores federales han surgido desde instituciones policiacas nacionales y de Estados Unidos, de órganos partidistas, de personajes públicos, de la prensa nacional o extranjera, de testigos protegidos, de delincuentes mismos o han derivado de encuentros que se han hecho públicos entre personajes ligados al crimen con parlamentarios.
Situación legal, desconocida
El ex diputado panista Jorge Iván Villalobos Seáñez (periodo 2012-2015) dice no tener responsabilidad en la nominación de Lucero Guadalupe Sánchez López, diputada local panista presuntamente ligada al líder del Cártel de Sinaloa. Eso manda a decir a este diario. Rechaza entrevista con este medio, pero responde a través de su staff: “El doctor Villalobos no estaba en ninguna de las instancias encargadas de procesar el nombramiento de los candidatos a diputados en Sinaloa en 2013. La Comisión Nacional de Elecciones, el Comité Directivo Estatal y la Comisión de Selección de Candidatos eran los encargados de recibir, procesar y verificar las candidaturas de las alianzas”.
Aclara que la diputada no tenía antecedentes penales en la fecha de su postulación, y si falsificó una identificación para visitar en prisión a Joaquín El Chapo Guzmán, eso fue en 2014 o 2015. “El partido no puede asumir responsabilidades. Ella tendrá que responder por dichos actos de manera individual, así como la PGR deberá explicar qué protocolos fallaron (…) en un penal que se supone es de alta seguridad”.
Formado a la sombra de Gustavo Madero, de quien ha sido secretario particular y asesor en las cámaras federales, Villalobos era delegado del comité panista en Sinaloa durante la nominación de la hoy llamada Chapodiputada. Fue un año después, en junio de 2014, cuando presidió el Comité Estratégico de Elecciones del Comité Nacional panista. Le han atribuido desde tráfico de influencias en dependencias federales y promoción de nombramientos de altos funcionarios fiscales, hasta la gestión de permisos para casinos. Pero el tema más sensible ha sido el de su relación con Edelmiro Sánchez Hernández, la última persona que vio con vida al ex diputado panista neoleonés, Hernán Belden Elizondo, quien fue asesinado el 11 de noviembre de 2012.
Sánchez Hernández, detenido en 2004 por posesión de 87 kilos de marihuana, efectuó una primera declaración en calidad de testigo respecto al caso Belden, pero cuando la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) lo citó para la segunda comparecencia, el hombre se esfumó. El 13 de noviembre de 2012 la PGJNL solicitó auxilio a las procuradurías estatales y a Interpol para localizarlo. No han tenido éxito.
El testigo evadido había sido señalado como un operador informal del Comité Nacional del PAN en Nuevo León. El entonces diputado Villalobos negó esa versión y advirtió que no solaparía a nadie. Mientras Interpol lo buscaba, Edelmiro Sánchez reapareció en enero de 2014 en una famosa fiesta de diputados panistas en Puerto Vallarta, cuya videograbación fue difundida en agosto. En ella se encontraban los legisladores Luis Alberto Villarreal, Martín López Cisneros, Máximo Othón Zayas y el ex legislador Alejandro Zapata Perogordo. Al fondo, Villalobos aparece charlando animadamente con el testigo de la PGJNL. Al parecer, nadie reportó la localización de Sánchez Hernández a las autoridades.
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