Diputados aprueban Ley Nacional de Ejecución Penal
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El Diario de SonoraCd. de México.
Fue enviada al Ejecutivo Federal; formará parte del Nuevo Sistema Acusatorio y Oral.
La Cámara de Diputados aprobó en sus términos el dictamen de una minuta del Senado que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y modifica el artículo 225 del Código Penal Federal y se turna al Ejecutivo para su promulgación.
El Pleno avaló en lo general por unanimidad, con 449 votos a favor, el documento relativo al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral, que entrará en vigor de manera integral el próximo 18 de junio.
La Ley Nacional de Ejecución Penal busca reestructurar la administración y operación del sistema penitenciario, con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, para procurar la reinserción social.
La legislación establece, en otros aspectos, que las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario deben ser separadas de la siguiente manera:
Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres; las personas procesas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; también las que estén en reclusión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada, o sujetas a medidas especiales de seguridad, se destinarán a centros especiales.
Respecto a las modificaciones del artículo 225 del Código Penal Federal, quedó estipulado que son delitos contra la administración de la justicia, a quien en el ejercicio de funciones de supervisor de libertad cayeran en los siguientes casos:
Hiciere amenazas, hostigue o ejerza violencia contra la persona procesada o sentenciada, a su familia y posesiones; requiera favores, acciones o transferencia de bienes de la persona sentenciada, procesada o su familia y que falsee informes o reportes al juez de ejecución.
En los artículos transitorios se establece que con la entrada en vigor de la legislación, podrán acceder al beneficio de libertad anticipada aquellos internos cuyo delito de robo no exceda 80 veces la Unidad de Medida uy Actualización y no haya mediado violencia, así como quienes cometieron el delito de posesión de marihuana sin fines de comercio.
También se estipula que quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas.
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