El Diario de SonoraCDMX
En los últimos cuatro sexenios, ninguna de las administraciones se ha salvado de escándalos relacionados con el narco, luego de que en diez casos servidores públicos de los distintos niveles han sido señalados de tener nexos con el crimen organizado.
En la presente administración son cinco los asuntos que han llamado más la atención:
Los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, acusados por México y EU, respectivamente, de dar protección al cártel del Golfo y a Los Zetas.
El caso de Iván Reyes, La Reina, ex director de área de la División Antidrogas de la Policía Federal que se entregó en EU, acusado de reunirse varias veces con el extinto capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, para entregar información recabada por México y la DEA.
La detención en San Diego, California, del titular de la fiscalía de Nayarit, Édgar Veytia, a quien se vincula con el cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con una orden de aprehensión librada por una juez de la ciudad de Nueva York.
Sin embargo, el caso que mayor atención ha despertado a escala mundial ocurrió en 2014, cuando se dijo que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, junto con Sidronio Casarrubias, eran los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y ordenaron a policías de su localidad y de Cocula entregar a 43 normalistas de Ayotizapa a un grupo de sicarios para matarlos.
MÁS CASOS
El sexenio de Zedillo estuvo marcado por dos casos: el del titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo; y el del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.
Gutiérrez fue detenido el 2 de febrero de 1997 en las instalaciones de la Defensa Nacional.
Dentro de sus logros destaca la captura de Amado Carrillo, El señor de los cielos, en Culiacán, Sinaloa, en 1989, y de Héctor El Güero Palma, en Jalisco, en 1995.
Oficialmente se dijo que la captura del general derivó porque algunos de sus colaboradores y testigos protegidos declararon que protegía las actividades del cártel de Juárez que lideraba Carrillo y solo atacaba a grupos contrarios.
Al final, los testigos se retractaron y dijeron que fueron presionados.
Asimismo, a fines de la gestión de Zedillo también se ordenó la captura del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, acusado de reunirse en varias ocasiones con Carrillo y su operador Alcides Magaña, El Metro.
PANISTAS
Uno de los casos que generó mayor impacto ocurrió el 21 de octubre de 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, cuando se descubrió una red de contrainteligencia que operaba en las áreas más sensibles de la Sedena, en la Procuraduría General de la República y en la entonces Secretaría de Seguridad Pública.
Rafael Macedo de la Concha, entonces titular de la PGR, dio a conocer que la red estaba conformada por servidores y ex servidores públicos que proporcionaban información privilegiada de investigaciones a operadores de diferentes cárteles del narcotráfico.
Francisco Tornez Castro o Víctor Manuel Llamas Escobar, El Capitán Tornez, ex agente de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial Federal, fue señalado como uno de los responsables de la recopilación y procesamiento de información sustantiva, generada por las células infiltradas en las diferentes dependencias federales.
PRESIDENCIA
En 2005 surgió un nuevo escándalo, cuando el procurador Macedo anunció la detención de Nahúm Acosta, ex director de área de la coordinación de giras del presidente Fox, a quien se vinculó con el cártel de los Beltrán Leyva.
Macedo informó que investigaban cómo fue que Acosta se “incrustó” en la residencia oficial de Los Pinos, y si fue ahí donde hizo contacto con el narcotráfico o si ya tenía vínculos antes de llegar.
No obstante, un juez federal dejó en libertad a Nahúm por falta de elementos, ya que la PGR no pudo demostrar que el ex coordinador tuviera nexos con el narco.
En 2008, cuando Felipe Calderón era presidente, la procuraduría se vio sumergida en otro caso que llamó la atención nacional, con la denominada Operación Limpieza, la cual provocó la detención de funcionarios de diversas dependencias, que supuestamente servían a diferentes cárteles. Al final, fueron exonerados por jueces federales.
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