El Diario de SonoraVillahermosa
El gobierno del estado señala que a la Unión Ganadera Regional de Tabasco se le reclama el pago de prestaciones realizado en el sexenio anterior
El gobierno del estado señaló que las propiedades embargadas a dirigentes de la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT), son para garantizar el pago de prestaciones reclamadas que se hizo a esa agrupación por 30 millones de pesos en el sexenio anterior.
"Entiendo que aún está empezando el proceso mercantil, el juicio mercantil y un juicio por esa vía son tardados y por eso se embargan precautoriamente bienes", señaló el gobernador Adán Augusto López Hernández.
En marzo pasado, la Coordinación de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal presentó dos demandas, una por la vía penal y otra civil contra la UGRT, a fin de que pague los 30 millones de pesos que se le otorgaron vía la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Sedafop) en agosto de 2013.
En ese entonces, se dio a la UGRT un plazo de 100 días para el pago del préstamo, pero se ampliaron los términos hasta llegar a la cancelación de la deuda por parte del gobierno anterior dos meses antes de que concluyera la administración.
Sin embargo, el gobernador López Hernández apuntó que el pagaré no fue cancelado y por eso se presentó ante un juzgado y el juez dio inicio al procedimiento que estimó pueda durar entre año y medio y dos años.
En ese lapso, dijo en entrevista con medios de comunicación, los bienes incautados se pueden subastar para que sean reintegrados los recursos al estado.
Tanto al exdirigente de la UGRT, de 2013 a 2019, Agustín de la Cruz Priego, y al actual líder desde mayo pasado, Baltazar Sánchez Fuentes, les fueron embargadas propiedades particulares, de acuerdo a un medio de comunicación local.
Lo anterior, explicó el mandatario, porque el pagaré está firmado por ellos en lo personal y como representantes de la Unión Ganadera "son codeudores", precisó.
La salida para que le sean devueltas las propiedades, dijo, es que acudan ante el juez, depositen los 30 millones de pesos para que la autoridad levante el embargo y ponga a disposición del acreedor los recursos.
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