El Diario de SonoraCDMX
El ministro José Fernando Franco González Salas rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por el líder nacional del PAN, Marko Cortés
José Fernando Franco González Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó una de las acciones de inconstitucionalidad promovida el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano sobre la suspensión para que Jaime Bonilla tome protesta como gobernador de Baja California.
El ministro negó la suspensión solicitada por el presidente del PAN, Marko Cortés, quien interpuso un recurso de intensión con el objetivo de evitar que Bonilla Valdez tome protesta el próximo 1 de noviembre.
González Salas advirtió que el que Bonilla Valdez asuma funciones no representa que queden sin materia las acciones de inconstitucionalidad, además de que no se impide a la Corte que realice un estudio oportuno sobre la validez.
El pasado 24 de octubre, la SCJN admitió a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por cuatro partidos políticos en contra de la llamada "Ley Bonilla", que permite ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador electo en Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
Sin embargo, el ministro Fernando Franco González Salas negó en primera instancia la suspensión que solicitaron los partidos de la de la Revolución Democrática (PRD), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), al argumentar que el hecho de que el gobernador entre en funciones el 1 de noviembre, no significa que se hayan consumado los efectos de la norma.
Explicó que no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento.
El ministro González Salas requirió a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Baja California para que rindan sus informes y solicitó las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes y las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo.
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