El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que se dispongan de los recursos sin movimiento en el transcurso de seis años, para tareas de seguridad pública.
Con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención, se aprobó la iniciativa del coordinador de los morenistas, Ignacio Mier Velazco, y su compañera de bancada, Juanita Guerra, para modificar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. La minuta fue enviada al Senado.
Con ello se atiende la petición de la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien desde hace un año planteó a los legisladores que en el sistema bancario de México había miles de cuentas congeladas del crimen organizado y de delincuentes de cuello blanco que podrían usarse para fortalecer a los cuerpos de seguridad.
Se aprobó que el Sistema Nacional de Seguridad pueda disponer de los recursos financieros abandonados en la banca comercial. La minuta precisa que los recursos, intereses y rendimientos acumulados de depósitos e inversiones en la cuenta global, con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, sin actividad por seis años, serán a favor de la seguridad pública y se deberán destinar para fortalecer los salarios y prestaciones de las policías en los porcentajes que para tal efecto se establezcan.
Así como para políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que se disponga.
El documento detalla que a la beneficencia pública se destinará, por cuenta sin movimiento durante tres años, a partir de que se deposite en la cuenta global, 540 Unidades de Medida y Actualización, unos 51 mil pesos.
En los artículos transitorios detalla que el Sistema Nacional de Seguridad Pública establecerá de manera anual, los mecanismos de distribución de los recursos, los cuales en un 45% serán para la Federación, un 30% para estados y un 25% para municipios y alcaldías.
Al fundamentar el dictamen, Mier Velazco aseguró que, con los recursos que deriven de esta recuperación, se da certeza jurídica a la consolidación de las fuerzas de seguridad, municipales, estatales y federales.
Señaló que se contaría con poco más de 10 mil millones de pesos para la consolidación de los elementos de seguridad pública, que también implican a la Guardia Nacional.