Pase de Guardia Nacional a Sedena es frenado por jueza
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El Diario de SonoraLa jueza Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión definitiva con la que se frena de manera indefinida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En su resolución, la juzgadora federal con sede en Guanajuato, ordenó regresar el control operativo y de administración a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al conceder la suspensión a la organización Uniendo Caminos México, representada por Ángel Castro Gómez.
“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, explicó la jueza Macías Lovera.
Los efectos de la suspensión definitiva son para que no se transfiera el control operativo y administrativo de la corporación federal a la Sedena, y los mismos permanezcan a cargo de un mando civil en la SSPC, como lo establece la Constitución.
La resolución establece que se debe suspender de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales, y en caso de que dichas operaciones ya hayan comenzado se deberán restituir los montos a la SSPC, como lo establece el Presupuesto de Egresos del presente año.
La jueza Macías Lovera concluyó que Castro Gómez, representante de Uniendo Caminos México, cuenta con un interés legítimo para impugnar el decreto aprobado por los diputados el 3 de septiembre pasado y por los senadores el día 9 del mismo mes, porque se trata de un defensor de derechos humanos.
En su solicitud de amparo, el quejoso argumentó que la incorporación de la Guardia Nacional como otro brazo armado de la Sedena puede tener un efecto inhibidor de las libertades, como la libre expresión, manifestación de ideas y de reunión.
Además, Castro Gómez planteó que la seguridad pública es una función que debe ser atendida por autoridades civiles, y no militares, como lo establece la Carta Magna en el artículo 21.
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