México, DF.
El diputado del PRI aseguró que existe voluntad y determinación de apurar las reformas.
El coordinador de los diputados priistas Manlio Fabio Beltrones aseguró que existe voluntad y determinación de apurar las reformas que urgen para retomar el crecimiento económico sostenido del país.
Por ello, dijo que el trabajo legislativo no admite dilaciones ni pretextos.
Apuntó que la Comisión Permanente podrá convocar a periodos extraordinarios en la Cámara de Diputados el 19 y 20 de junio, con el propósito de hacer los ajustes indispensables a las leyes reglamentarias en materia político-electoral, recién promulgadas.
Asimismo para analizar eventualmente la minuta de las leyes reglamentarias sobre telecomunicaciones, añadió el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con lo anterior estaríamos retomando la dinámica de las reformas transformadoras aprobadas, además de dar seguimiento a la deliberación pública sobre las leyes reglamentarias en materia de energía, con la expectativa de concluir esta reforma al comenzar el mes de julio”, dijo.
Explicó que se trata de dar plena certeza jurídica, garantías de equidad, transparencia e imparcialidad a los procesos electorales de 2015 y subsecuentes, así como instrumentar la reforma constitucional de telecomunicaciones y asegurar la legalidad de las decisiones del órgano regulador de este sector.
Beltrones Rivera detalló que con base en el dictamen de la Comisión de Gobernación se derogaría el haber de retiro de los magistrados electorales como una solución de fondo y definitiva a la controversia pública que generó este tema.
Comentó que se pretende hacer ajustes a la Ley General de Partidos Políticos para que los votos emitidos a favor de las coaliciones electorales se distribuyan de manera igualitaria entre los partidos que las integran y ello se considere en la asignación de los candidatos propuestos por la fórmula de representación proporcional.
El diputado federal por Sonora refirió que también se plantean adecuaciones a la Ley general en materia de delitos electorales, para castigar el uso indebido de los recursos públicos en tiempos electorales.