La Fiscalía brasileña ha solicitado una sentencia de 84 años de prisión para los acusados, señalados de participar en la ejecución directa de Franco. Su asesinato, que se produjo el 14 de marzo de 2018, desató protestas en todo el país y ha continuado como un símbolo de la lucha contra la violencia y la corrupción en Brasil.
Franco, de 38 años, era una concejal del Partido Socialismo y Libertad, nacida en una favela de Río. Su firme postura contra la violencia policial y sus denuncias sobre los negocios ilegales de las milicias en terrenos ocupados le habían ganado enemigos poderosos. Su asesinato, junto a su chofer Anderson Gomes, en un atentado a tiros en una céntrica calle de la ciudad, generó indignación internacional.
Las investigaciones apuntaron rápidamente hacia la participación del crimen organizado y las milicias, grupos parapoliciales que siembran el terror en las favelas y controlan lucrativos negocios inmobiliarios. Los detenidos, Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, ambos ex miembros de la Policía Militar de Río, admitieron su participación en el crimen: Lessa confesó haber disparado desde un vehículo conducido por Queiroz.
El juicio se celebra en un ambiente de alta seguridad, y el jurado, formado por siete ciudadanos elegidos de manera aleatoria, permanecerá confinado para evitar interferencias externas. La Fiscalía brasileña ha solicitado la pena máxima de 84 años de cárcel para ambos acusados, quienes serán escuchados a través de videoconferencia debido a su reclusión en prisiones de máxima seguridad en San Pablo y Brasilia.
Para la sociedad brasileña y las organizaciones de derechos humanos, este juicio es crucial en la búsqueda de una respuesta contundente a lo que califican como un crimen político.