El documento, que se publica diez años después de la creación de la comisión, analiza los esfuerzos de la Iglesia para mejorar las políticas y procedimientos de protección en todo el mundo. Se reconoce que algunos países muestran un "claro compromiso con la salvaguarda," mientras que otros "se quedaron rezagados," incluso con una "preocupante" falta de apoyo a las víctimas. Se exige una mayor disciplina para los clérigos culpables de abuso y se pide una compensación económica para los sobrevivientes.
Sin embargo, la falta de datos fiables, la escasa transparencia y la ausencia de una investigación independiente han provocado fuertes críticas por parte de los defensores de las víctimas. "Lo único que hacen es recopilar información de fuentes con muchos prejuicios," dijo Anne Barrett Doyle, codirectora del sitio web BishopAccountability.org. "Este informe solo añadirá más humo y ofuscamiento en torno a la gestión global de los abusos por parte de la Iglesia."
El cardenal Sean O'Malley, presidente de la comisión, calificó el informe como una "instantánea del viaje de conversión que hemos emprendido" hacia un "ministerio transparente y responsable." Pero incluso él admite que "aún queda mucho por hacer."
El informe destaca la necesidad de un procedimiento disciplinario más efectivo para los clérigos que han sido declarados culpables de abuso, pero no han sido destituidos. También hace énfasis en la importancia de la indemnización y las disculpas públicas para los sobrevivientes.
Aunque el informe representa un paso adelante en el compromiso de la Iglesia con la transparencia, las críticas apuntan a una necesidad de mayor profundidad y rigor en la investigación. El camino hacia una verdadera protección de los niños y adultos vulnerables dentro de la Iglesia Católica sigue siendo largo y complejo.