En un giro inesperado que ha generado polémica en Texas, el estado ha presentado una demanda para evitar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos supervise las elecciones estatales. La batalla legal se centra en la capacidad del Departamento de Justicia para enviar observadores electorales a ocho condados específicos, lo que ha desatado un debate sobre la autoridad federal en materia electoral
La demanda, presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, argumenta que el Departamento de Justicia no tiene la potestad legal para enviar observadores electorales a Texas. Paxton alega que la ley estatal prohíbe que los observadores electorales federales ingresen a los lugares de votación y los centros de conteo de votos. Esta postura ha sido respaldada por la secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, quien ha comunicado al Departamento de Justicia que sus observadores no podrán ingresar a los centros de votación del estado.
El Departamento de Justicia, por su parte, ha defendido su derecho a enviar observadores electorales como parte de su misión de garantizar el cumplimiento de las leyes federales de derecho al voto. La agencia argumenta que la presencia de observadores es crucial para detectar posibles violaciones del derecho al voto y asegurar la integridad del proceso electoral.
La controversia ha generado un intenso debate sobre la autonomía estatal en materia electoral y la capacidad del gobierno federal para garantizar el acceso equitativo a las urnas. El caso se ha presentado ante un tribunal federal y la resolución del mismo tendrá importantes implicaciones para las futuras elecciones en Texas y otros estados.