Corte Suprema analiza ley que prohíbe tratamientos médicos a menores transgénero

Los partidarios de la ley se congregaron ante el edificio del tribunal, en el centro de Washington, con pancartas en las que se leía "Detengamos el daño", "Dejemos que los niños crezcan" o "La salud importa". Sin embargo, menores y sus familias, una ginecóloga de Memphis y la administración del presidente demócrata saliente Joe Biden denuncian el carácter "discriminatorio" de la ley de Tennessee.

"No importa lo que los padres decidan que es mejor para sus hijos", dijo la asesora jurídica de la administración Biden, Elizabeth Prelogar, a los nueve jueces del tribunal. La ley no tiene en cuenta lo que opinan los afectados ni sus médicos, argumentó Prelogar. "No importa lo que los pacientes elegirían para sí mismos" y "no importa si los médicos creen que este tratamiento es esencial" para sus pacientes.

Chase Strangio, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, lo ha descrito como uno de los casos LGBTQ+ más significativos examinados por la Corte Suprema. Strangio es el primer abogado abiertamente transgénero en argumentar ante el máximo tribunal, de mayoría conservadora.

"Mi presencia en la Corte Suprema como abogado transgénero es posible porque he tenido acceso" al tratamiento médico examinado. El tema genera polémica en el país, donde el presidente electo Donald Trump se ha comprometido a imponer una prohibición federal al acceso a estos tratamientos para menores transgénero y a restringirlo para adultos.

La legislación de Tennessee conocida como SB1 fue firmada en marzo de 2023 y se propone "proteger la salud y el bienestar de los menores" prohibiendo procedimientos médicos "que puedan alentar a los menores a despreciar su sexo". El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, estima que esta normativa tiene como objetivo "proteger a los menores".

El Departamento de Justicia del presidente Biden se ha unido a las familias de los jóvenes transgénero que combaten la ley. En abril la Corte Suprema permitió que una prohibición similar, en Idaho, entrara en vigor mientras continúa el proceso legal.

Según la ley de Idaho, los profesionales médicos que proporcionen tratamientos a menores, incluidos bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal o cirugía, se exponen a hasta 10 años de prisión.

Los bloqueadores de la pubertad se han utilizado en adolescentes que contemplan la transición de género para retrasar la aparición de cambios físicos no deseados. Sus defensores sostienen que el proceso puede salvar la vida de los niños que luchan con la disforia de género.

Kelley Robinson, la presidenta de la Campaña de derechos humanos que aboga por los derechos LGBTQ+, estima que la ley de Tennessee y legislaciones similares de otros estados gobernados por republicanos convierten a los jóvenes trans en "peones políticos".

"Ningún político debería poder interferir en las decisiones que mejor toman las familias y los médicos, pero eso es exactamente lo que permiten estas prohibiciones discriminatorias." "Casi todas las principales organizaciones médicas están de acuerdo" en que la afirmación de género "no es una declaración política, es atención médica que puede prevenir la depresión, reducir el riesgo de suicidio y ayudar a los niños a prosperar".

Es "atención médica, simple y llanamente", añade. Los derechos de estas personas, en particular si se debe permitir a las mujeres transgénero usar ba

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