Aprueban ley Laken Riley: Nueva era en el control migratorio de Estados Unidos
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Nicol Matuz ScottEn medio del segundo mandato de Donald Trump, la Cámara de Representantes aprobó la Ley Laken Riley, una iniciativa que promete transformar radicalmente el panorama de la inmigración. Esta ley, bautizada en memoria de una estudiante de enfermería asesinada el año pasado por un inmigrante venezolano, requiere la detención obligatoria de migrantes indocumentados acusados de delitos violentos o robo. La aprobación, con un conteo de 263 votos a favor y 156 en contra, incluyó el apoyo de un grupo significativo de 46 demócratas, un giro inesperado en el panorama político.
“Por décadas, ha sido casi imposible para nuestro gobierno acordar soluciones para los problemas en nuestra frontera y dentro de nuestro país,” comentó la Senadora Katie Britt, republicana por Alabama, destacando la ley como “quizás la ley de control migratorio más significativa” aprobada en tres décadas.
Sin embargo, la implementación de la ley plantea desafíos importantes. Se necesitará una expansión masiva de la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin que la legislación incluya una asignación presupuestal para ello. Este vacío presupuestal ha generado críticas de los demócratas, quienes califican la ley como una medida incompleta.
La situación se complica aún más con las órdenes ejecutivas de Trump, que buscan sellar la frontera con México y deportar a millones de migrantes sin estatus legal. El presidente también canceló los programas de reasentamiento de refugiados y amenazó con procesar a oficiales locales que no cumplan sus nuevas políticas.
El costo estimado para la implementación de la Ley Laken Riley en su primer año, según el Departamento de Seguridad Nacional, es de $26.9 mil millones de dólares, incluyendo un incremento de 110,000 camas en centros de detención del ICE. Líderes republicanos, con el apoyo del vocero de la Cámara, Mike Johnson, han dejado claro su compromiso para aprobar el financiamiento necesario, utilizando la "reconciliación presupuestaria", un proceso legislativo que permitiría aprobar la financiación con el voto mayoritario del partido en el poder. Se estima que el costo total de las prioridades fronterizas y de deportación de Trump alcanzaría los $100 mil millones de dólares.
Mientras tanto, la perspectiva de Ken Cuccinelli, quien dirigió el Servicio de Ciudadanía e Inmigración durante el primer mandato de Trump, prevé "la mayor empresa logística doméstica de nuestras vidas: la deportación de la gran mayoría de los inmigrantes ilegales presentes en Estados Unidos". Cuccinelli anticipa la necesidad de un aumento significativo de jueces de inmigración, fiscales y personal, e incluso sugiere la utilización de tropas militares, bases y otros recursos para llevar a cabo las deportaciones masivas.
El debate se centra en la posibilidad de que la ley priorice la detención de migrantes por delitos menores, como el hurto, en lugar de aquellos acusados de crímenes violentos. Algunos estudios demuestran que los inmigrantes cometen menos delitos que los nacidos en Estados Unidos, un hecho que grupos a favor de políticas migratorias restrictivas cuestionan.
La Ley Laken Riley, aunque polémica, abre un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense, con consecuencias aún inciertas.
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