El foco se centra ahora en Chicago, una ciudad con una amplia población inmigrante. Ahí, la interacción entre la policía local y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) está regulada por leyes estatales implementadas en 2017, y fortalecidas en 2021, bajo los gobiernos de Bruce Rauner y JB Pritzker, respectivamente. Estas normas establecen límites claros a la cooperación entre ambas agencias.
Según reporta WGN9, las restricciones impiden a la policía de Chicago detener, interrogar o entregar a personas al ICE basándose únicamente en su estatus migratorio. Esto significa que un oficial, incluso si sospecha que una persona es indocumentada, no puede tomar acciones relacionadas con su situación migratoria a menos que esté involucrada en un delito.
Esta política, que busca proteger a las comunidades inmigrantes y fomentar la confianza con las fuerzas del orden, ha generado un debate acalorado. Algunos oficiales, como el Sheriff del condado de Kankakee, Mike Downey, argumentan que estas restricciones limitan su capacidad para garantizar la seguridad pública. Downey cita un caso reciente con la incautación de fentanilo donde la liberación de un sospechoso, debido a las limitaciones de cooperación con ICE, pone en riesgo a la comunidad.
Por otro lado, el Gobernador Pritzker ha reafirmado su compromiso con la protección de los inmigrantes indocumentados, matizando su postura al afirmar que la deportación debería aplicarse solo a aquellos condenados por delitos violentos. Esta posición busca equilibrar la seguridad pública con los derechos de los inmigrantes, aunque el debate sobre la eficacia de esta medida permanece abierto.
Organizaciones como The Resurrection Project, representada por Erendira Rendón, están trabajando activamente para informar a los inmigrantes sobre sus derechos: el derecho a permanecer en silencio, a no abrir la puerta sin una orden judicial, y a solicitar asistencia legal. Estos esfuerzos buscan empoderar a la comunidad ante la incertidumbre y el miedo.
El panorama en Chicago, y en Illinois en general, refleja la complejidad del debate sobre inmigración en Estados Unidos. La tensión entre la seguridad pública y la protección de los derechos de los inmigrantes sigue siendo un punto central de la agenda política, con consecuencias directas en la vida cotidiana de miles de personas.