Este documento, filtrado a varios medios y posteriormente confirmado, detalla una estrategia de firme acción contra funcionarios locales que se resistan a las órdenes migratorias del gobierno.
El memorando cita textualmente: “La ley federal prohíbe que las autoridades estatales y locales se resistan, obstruyan o incumplan de cualquier forma con órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración.” Esta afirmación sienta las bases para una ofensiva legal contra las llamadas “ciudades santuario”, municipios que han implementado políticas de no colaboración con las autoridades federales en materia de inmigración. Entre estas ciudades se encuentran algunas de las más grandes y pobladas del país.
Más allá de la investigación y posibles procesos penales anunciados, el memorando también advierte sobre acciones legales contra las “leyes santuario”, legislación local que busca proteger a los inmigrantes indocumentados. Esta iniciativa se enmarca dentro de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, quien ha priorizado la seguridad fronteriza y el control migratorio como pilares de su segundo mandato.
A este anuncio se suma el fin de la política que restringía las detenciones de inmigrantes en "lugares sensibles" como escuelas, iglesias y juzgados. Esta medida, que Trump intentó implementar durante su primer periodo, ahora se revierte, agudizando aún más la tensión entre el gobierno federal y las entidades locales.
El alcance y las consecuencias a largo plazo de estas medidas aún están por verse, pero su anuncio ha generado un intenso debate sobre la división de poderes y la autonomía de las entidades locales frente a las políticas federales.