El foco de atención se centra en una orden ejecutiva firmada por el Presidente Donald Trump, apenas horas después de asumir su segundo mandato. Esta orden, dirigida al Pentágono, instruye la movilización de tropas a la frontera sur. Aunque el número exacto de efectivos aún no se ha confirmado oficialmente, reportes de medios como CNN apuntan a miles de soldados, mientras que Fox News, citando fuentes del Pentágono, habla de 1,500.
Esta cifra se sumaría a los aproximadamente 6,700 militares (2,200 activos y 4,500 reservistas de la Guardia Nacional de Texas) ya presentes en la zona. Según reportes, la función de estas nuevas tropas sería similar a la de los efectivos actuales, principalmente apoyo logístico y administrativo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): "Mantenimiento de vehículos y entrada de datos", señala CNN.
Este despliegue recuerda el envío de 5,200 efectivos durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, la orden ejecutiva actual contiene un elemento crucial: en los próximos 90 días, Trump evaluará la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807. Esta ley permitiría a los militares asumir funciones policiales dentro del país, un cambio significativo respecto a la situación actual, donde su rol está limitado por leyes como la Posse Comitatus de 1878, que prohíbe a las fuerzas armadas actuar como policía en territorio nacional.
El anuncio ha generado reacciones diversas, reavivando el debate sobre el equilibrio entre seguridad fronteriza y derechos humanos. La situación, aún en desarrollo, seguirá siendo analizada por expertos y observadores de ambos lados de la frontera. Los próximos 90 días serán cruciales para determinar la verdadera magnitud y alcance de este despliegue militar.