El nombre de Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX, ha estado resonando en los pasillos del poder. Su estrecha relación con el presidente Donald Trump, ya conocida por la opinión pública, ha dado un giro significativo.
Una fuente oficial de la Casa Blanca confirmó que Musk está desempeñando un rol como "empleado especial del gobierno". Este nombramiento, según un resumen del Departamento de Justicia, significa que Musk no es un voluntario ni un empleado federal de tiempo completo, sino alguien que trabaja para el gobierno por un periodo no mayor a 130 días en un año. “Cualquier persona que trabaje, o se espera que trabaje, para el gobierno durante 130 días o menos en un período de 365 días”, se lee en el documento.
Una persona familiarizada con el asunto confirmó a CNN que Musk no recibe remuneración por este cargo. Sin embargo, posee acreditaciones de seguridad de alto nivel, según fuentes dentro del gobierno. Más aún, se le ha asignado una oficina dentro del complejo de la Casa Blanca.
Su influencia se extiende a áreas cruciales. En las últimas semanas, Musk ha demostrado tener una amplia autoridad dentro de la iniciativa de eficiencia gubernamental conocida como DOGE. El lunes, el propio presidente Trump confirmó que Musk tiene acceso al sistema de pagos críticos del Departamento del Tesoro, el cual maneja las finanzas federales. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, estuvo presente en la Oficina Oval cuando Trump declaró: “Elon no puede ni hará nada sin nuestra aprobación. Y le daremos la aprobación donde sea apropiado. Donde no sea apropiado, no lo haremos.”
Este nombramiento no está exento de controversia. El éxito empresarial de Musk ha sido impulsado en parte por fondos federales, con SpaceX recibiendo miles de millones de dólares en contratos gubernamentales. Como empleado especial del gobierno, está sujeto a una ley federal de conflictos de interés que prohíbe a los empleados gubernamentales participar en asuntos que puedan afectar sus intereses financieros. Esta ley puede ser aplicada penal o civilmente, pero su aplicación depende del Departamento de Justicia.
La profesora Kathleen Clark, experta en ética gubernamental de la Universidad de Washington, expresó sus preocupaciones: “Confiamos en el Departamento de Justicia para hacer cumplir las normas de conflicto de interés financiero contra Elon Musk y todos los demás, y hay razones para dudar de que el Departamento de Justicia de Trump haga cumplir las leyes, incluidas las leyes penales, contra un aliado de Trump.”
La situación es aún más compleja. La designación de Musk también lo somete a varias normas de ética gubernamental, aunque no a todas. Aún no se sabe si su nombramiento requiere la presentación de una declaración financiera pública, algo que depende de su salario y tiempo de servicio, según la normativa del Departamento de Justicia. Por último, la vinculación de Musk con la agenda de Trump ya está teniendo consecuencias para sus negocios. Tras el anuncio de Trump de imponer aranceles del 25% a Canadá, Ontario canceló un contrato con Starlink, el servicio de internet satelital de Musk.